Resumen: El presente artículo intenta resolver dos de los problemas que se advierten en la interpretación del contrato administrativo, dada la dispersión normativa y la carencia de tribunales contencioso administrativos que permitan condensar esta materia. Un primer problema es la indeterminación del régimen jurídico aplicable a los contratos administrativos en la fase de ejecución, para lo cual, tomando como base los aportes previos de la doctrina, voy a partir por proponer criterios que permitan diferenciar entre el contrato administrativo en sentido estricto y el contrato privado de la Administración. Un segundo problema es el uso preeminente de reglas civiles que, en conjunto con la pretendida supletoriedad general del Código Civil, plantean la necesidad de revisar el estatuto jurídico supletorio de los contratos administrativos en silencio de regla expresa, para lo cual voy a fundamentar la interpretación preferente en base a reglas y principios de la contratación en el Derecho público y la aplicación supletoria de reglas civiles en defecto de lo anterior.

Resumen: El texto analiza el modelo de protección de datos personales ante la ausencia de una autoridad de control. Se examina cómo se protegen los datos personales en sector público y en el sector privado. El artículo concluye que, a pesar de la inexistencia de una autoridad de control especializada, la garantía del derecho se da a través de competencias fragmentadas y sectoriales, en función de la agenda de cada entidad pública.

Resumen: El artículo examina la aplicación del derecho a la presunción de inocencia, en tanto elemento del debido proceso penal, en los procedimientos administrativos sancionadores. Con dicho fin, por un lado, se expone la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional sobre el denominado “debido proceso administrativo” y se propone cuál debería ser su contenido mínimo en los procedimientos administrativos sancionadores. Por otro lado, se revisan los orígenes y principales significados de la presunción de inocencia (regla de trato, regla sobre la distribución de la carga de la prueba y regla sobre el estándar de prueba), los planteamientos de la doctrina nacional y la jurisprudencia constitucional sobre su aplicación en sede administrativa y las objeciones que pueden formularse a esta tesis. Se concluye que, a pesar de estas objeciones, los principales significados de la presunción de inocencia deberían ser aplicados ”con matices” en los procedimientos administrativos sancionadores, esto es, manteniendo la esencia o núcleo de este derecho y alterando solo sus aspectos secundarios.

Resumen: En el presente artículo se describen y analizan las principales reformas introducidas por la Ley Nº 21.314, publicada en el Diario Oficial de la República de Chile con fecha 13 de abril de 2021 y cuya entrada en vigencia, en parte importante, está supeditada a la dictación por parte de la Comisión para el Mercado Financiero de una gran cantidad de normas reglamentarias. Se abordan las modificaciones introducidas a la Ley de Mercado de Valores (N° 18.045), a la Ley de Sociedades Anónimas (N° 18.046); las nuevas regulaciones introducidas para la industria de servicios de asesoría de inversión; los cambios introducidos al DL N° 3500, con las reformas referidas a la asesoría previsional y la nueva figura del asesor financiero previsional; y los cambios que se le hacen a la Comisión para el Mercado Financiero (DL N° 3538), con la introducción de la nueva figura del denunciante anónimo.

Resumen: En este artículo se pretende analizar la hipótesis de coacción en la legislación antimonopólica, y la responsabilidad reparatoria que se genera sobre el agente económico que la padece en sus distintas fases de verificación, esto es, considerando el marco temporal que cubre desde la gestación hasta la consumación del injusto monopólico. Del mismo modo, se propondrá una solución para aquellos casos de ilícitos anticompetitivos dolosos en que el elemento subjetivo del tipo se verifica con dolo no intencional, teniendo en consideración que en la responsabilidad extracontractual el factor de atribución de responsabilidad delictual exige la intención positiva de producir daño.