Resumen: El presente trabajo aborda una de las figuras más controvertidas del derecho urbanístico reciente: la caducidad del permiso de edificación, analizando las tendencias recientes asentadas por la Corte Suprema, Contraloría General de la República y la doctrina. Se demuestra que en la actualidad puede reconstruirse un estatuto más o menos certero de esta institución, pese a lo cual existe creciente judicialización sobre algunos aspectos que hacen necesario pensar en soluciones de lege ferenda que otorguen mayor certeza jurídica frente al desarrollo de proyectos.

Resumen: Ante supuestos de expropiaciones ejercidas por Estados anfitriones que afectan intereses de inversionistas extranjeros, el análisis de la actuación estatal constituye un elemento distintivo para determinar su existencia. En las directas, el Estado ha de demostrar la causa expropiandi como uno de los requisitos para considerarla legal bajo el Derecho internacional. En las indirectas, la práctica arbitral inversor-Estado ha evidenciado no ser una tarea de fácil concreción. A partir de esta premisa, este trabajo tiene como objetivo analizar los criterios más importantes utilizados o seguidos por los diferentes tribunales arbitrales frente al examen del carácter de la medida estatal en el marco de litigios inversor-Estado. Con este propósito, utilizando el método inductivo, luego de la revisión de 170 laudos arbitrales dictados entre los años 2010 y 2021, se estudiaron 50 laudos. El estudio arrojó la existencia de cuatro elementos comunes en el examen realizado por los tribunales arbitrales: (a) la identificación de la actuación o conducta atribuible al órgano estatal reclamada por el inversor; (b) la presunción de legitimidad de la actuación del órgano estatal; (c) los supuestos de ilegítima actuación del órgano estatal: (i) discriminación; (ii) arbitrariedad y (iii) falta de proporcionalidad; y, (d) la carga de la prueba. Debido a que la litigiosidad inversor-Estado continua en alza y frente a los intereses contrapuestos de las partes involucradas consideramos que, de todos los aspectos mencionados, la valoración de la proporcionalidad de la medida estatal strictu senso debe ser profundizada por los futuros tribunales arbitrales, tomando en cuenta el objetivo público que el Estado legítimamente pretende proteger versus el sacrificio exigido al inversor foráneo en estos casos.

Resumen: Pese a haberles otorgado un acceso a la justicia, la reclamación general de los terceros absolutos en la evaluación de impacto ambiental ha supuesto múltiples restricciones en la justicia de dicho acceso, ya sean ellas estructurales a la formulación de su régimen jurídico o derivadas de su interpretación jurisprudencial. Ya que tales restricciones no están presentes en las reclamaciones ejercidas por el titular del proyecto y sus terceros relativos, el ejercicio de acciones en contra de resoluciones de calificación ambiental ha supuesto una ruptura de la igualdad del acceso a la tutela judicial frente a dicho instrumento de gestión. Ante la insuficiencia de las restantes acciones susceptibles de ejercerse por terceros absolutos en contra de resoluciones de calificación ambiental, se impone una interpretación diversa del art. 17 de la Ley 20.600, que crea los Tribunales Ambientales, susceptible de integrarlos en la misma reclamación ejercida por quienes hubieren intervenido en su procedimiento administrativo de formación. Una interpretación en tal sentido tiene fundamentos positivos. Asimismo, supera las limitaciones actuales en el ejercicio de la reclamación general y equipara, por último, el acceso a la justicia de todos quienes sean legitimados activamente, con independencia de su intervención o no en un procedimiento de participación ciudadana.