Resumen: Lograr una definición procedimental del derecho administrativo requiere establecer un vínculo entre los conceptos constitucionalmente reconocidos de autonomía personal y política, los ámbitos de competencia legal de las autoridades administrativas, los procedimientos que reglan la toma de sus decisiones y la proporcionalidad de los medios dispuestos, sobre lo cual puede evaluarse la razonabilidad de las decisiones administrativas. De este modo, las decisiones administrativas devienen razonables merced a la evaluación de su conformidad con procedimientos fundados en una teoría política y procedimental de justicia que permite evitar la apelación a los conceptos genéricos y substantivos de “bien común” e “interés público”. Así, una definición procedimental del derecho administrativo pretende centrarse en la evaluación de la regularidad de la acción del gobierno como proceso, al tiempo que evita un análisis de tipo exclusivista sobre la decisión administrativa como objeto puntual. De tal forma, en procura de lograr estándares de gobierno no arbitrario, es posible establecer un modelo simple de acción administrativa gubernamental y de adecuada revisión judicial.

Resumen: El presente artículo revisa los mecanismos de control anticipado del proceso de evaluación ambiental establecido en nuestro ordenamiento, en especial analizando el examen de admisibilidad de los proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Luego de un levantamiento de información de los últimos proyectos ingresados al SEIA durante un año y medio, y de aquellos no admitidos a tramitación en el mismo periodo, se identifican ciertas diferencias de criterios y de causales de no admisión a trámite, entre las autoridades ambientales de las distintas regiones del país a la hora de tomar esta determinación, las que analizamos a grandes rasgos, con el objeto de proponer ciertas consideraciones en el marco de la inminente modificación al SEIA, las que guardan relación especialmente con la necesidad de coordinación y coherencia del sistema, cuya ausencia marca el desarrollo de este trabajo. En definitiva, este trabajo intenta enfatizar la necesidad urgente de regular de modo sistemático, permanente y flexible, el procedimiento de evaluación ambiental, desde las etapas más tempranas de los proyectos.

Resumen: En Chile ha habido varios casos en que las autoridades regionales han ordenado desalojos masivos de grupos vulnerables que ocupaban terrenos fiscales. Los afectados buscaron amparo pero las cortes respaldaron las evicciones porque las ocupaciones eran ilegales. En un caso, la Corte Suprema ordenó a la autoridad administrativa adoptar precauciones para proteger a los evictos durante el proceso de desalojo, junto a votos de minoría que exigieron mucho más. La Corte Constitucional de Sudáfrica también ha resuelto casos de desalojos masivos, adoptando una interesante metodología para proteger a los evictos. En este trabajo se argumenta que las cortes deben hacer mucho más en casos de desalojos masivos de población vulnerable, y para ello se considera y analiza la experiencia sudafricana.