Tanto en Chile, como en el mundo, el sector de la construcción ha sido uno de los emblemas de los sectores afectados por la crisis que ha dominado este año. No sólo producto de los efectos de la pandemia, sino también por la reprogramación de algunos proyectos (en fase de ejecución o listos para iniciar). Además, se debe considerar la menor tasa de expansión de la inversión en concesiones y en las empresas estatales respecto a lo proyectado a principios del 2020, a lo que se suma el severo impacto de las medidas de confinamiento en el avance de algunas obras concesionadas y en la construcción de las líneas del Metro. Lo anterior, genera un riesgo de mayor subejecución de los proyectos de obras públicas tradicionales y concesiones en relación con lo anunciado antes de la pandemia.
Esto, en un contexto en que más del más del 70% de las empresas del rubro cree que la pandemia lo afectará en la extensión de los plazos y en el aumento de los costos de sus proyectos, junto con una paralización y postergación de éstos, según la Cámara de la Construcción.
En este sentido, y dado que en Europa esta misma situación se produjo con algunos meses de anticipación, hay ciertas recomendaciones que surgen tras analizar lo sucedido en el viejo continente para reactivar la construcción y que podemos aplicar o utilizar como guía para mejorar ciertos procesos que ya se estén efectuando en nuestro país.
Lo primero es que los negocios tendrán que adaptarse a las nuevas tendencias y comportamientos que desarrollarán los consumidores, y que, sin lugar a duda, tendrán que plantear soluciones novedosas, tanto para mitigar los escenarios negativos como para aprovechar las oportunidades que esta nueva realidad traerá consigo.
En segundo lugar, con respecto a la respuesta inmediata, se deben implantar medidas de distanciamiento y protección en obra, realidad que ya hemos visto en nuestro país. A nivel financiero, tiene que haber una reducción de costos y reestructuraciones; renegociación de condiciones con entidades financieras; garantizar la cadena de suministro y proveedores; evaluar la situación y garantizar liquidez con el objetivo de alcanzar el refinanciamiento con acreedores y la gestión de acceso a ayudas estatales.
Tercero, con relación al reinicio de las actividades, es relevante la gestión en materias de desinversión en activos no estratégicos e inversiones en activos inmovilizados (suelo, activos patrimoniales, concesiones, energía y otros negocios colaterales); desarrollo de activos con menor riesgo de demanda como edificios para renta inmobiliaria, logísticos (bodega) y otros. Asimismo, se debe poner el foco en el control de riesgos y procesos, lo que considera la estructura organizativa, estrategia de mercado internacional y por tipología de proyectos, procesos de licitación y análisis técnicos.
Por último, en el proceso de adaptación al nuevo mundo, una de las prioridades de las empresas constructoras debe ser la búsqueda de oportunidades de fusiones y adquisiciones (M&A) y salidas a bolsa; la revisión de procesos administrativos y de obra para adaptar a nueva realidad (visitas a obra, teletrabajo, etc.); diversificación de cadena de suministro y proveedores; y adaptación a la disrupción.
Las medidas contadas anteriormente pueden servir de referencia para las empresas de esta industria, que además enfrentan otras preocupaciones locales como la desaceleración de la economía, restricciones de movilidad y cuarentenas, menor demanda por viviendas, cambio en las tendencias de los consumidores producto de la pandemia (preferencia por casas y arrendar), Ley de Aportes al Espacio Público y los cada vez más restrictivos planos reguladores en las comunas. Todos, factores que reducen y encarecen los terrenos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios y que en el pasado provocaron -junto con la presión ciudadana- muchos episodios en que se vivió incerteza jurídica, debido a la paralización de proyectos por parte de municipios, tribunales y Contraloría.
