Tras conocer los resultados del plebiscito constitucional, las agencias de clasificación de deuda que evalúan al país advirtieron de una serie de riesgos a medianos plazo. Desde Moody's señalaron que la redacción de una nueva Constitución canaliza el descontento social de manera institucional y debería ayudar a abordar demandas que han sido fuente de protestas persistentes, sin embargo, presenta riesgos a mediano plazo. “El proceso en sí generará incertidumbre hasta que la redacción concluya en junio de 2022. Si bien no es nuestro escenario base, los cambios sustanciales en el marco integrado en la Constitución podrían afectar negativamente tanto el sentimiento de los inversores como tendencias del gasto público”, plantean.

A pesar de esto, desde Moody's exponen que la probabilidad de cambios institucionales de baja a moderada, porque existe un amplio apoyo público para preservar elementos clave del modelo económico de Chile, como mercados libres, derechos de propiedad privada y Banco Central independiente.

Recordaron, además, que la demanda de redactar una nueva Constitución no es nueva, ya que durante la administración de Michelle Bachelet (2014-18) hubo una comisión que inició el proceso de redacción de una nueva Carta Magna. Citando encuestas, Moody's observa que los chilenos ven el proceso de redacción de una nueva Constitución como un instrumento para mejorar la protección de los derechos sociales. “También parece existir la voluntad de proporcionar más vehículos de representación democrática, como referendos, para fortalecer los derechos del consumidor y quizás para limitar el plazo indefinido de la licencia en el sector minero”, explican.

Mientras que Richard Francis, analista de Fitch Ratings —entidad que recortó la nota de riesgo para Chile hace un par de semanas—, señaló que el proceso de reescritura de la Constitución y una serie de elecciones durante los próximos dos años plantean incertidumbres políticas que podrían frenar las perspectivas de inversión y recuperación económica. “Esto posiblemente se sumará a presiones para un mayor gasto social y posiblemente posponga los ajustes fiscales estructurales que serían esenciales para estabilizar la deuda con respecto al PIB”, señala Francis.

No obstante, el analista advirtió que estos factores ya se incorporaron en la reciente rebaja de Fitch de la calificación soberana de Chile. “En el nivel actual, las calificaciones pueden soportar mucho ruido político, y esa es la razón por la que ahora tenemos una perspectiva estable sobre las calificaciones”, planteó.