La Dirección del Trabajo (DT) emitió ayer un nuevo dictamen con el objetivo de definir los lineamientos de la relación laboral, bajo el actual contexto de toque de queda y cuarentena.

El dictamen establece que estas dos situaciones configuran una causal de caso fortuito o fuerza mayor, por lo que, ante la orden de una autoridad, las empresas que dejen de operar podrían invocar el artículo 45 del Código Civil, que trata sobre estos motivos, y así suspender el contrato de trabajo, con el consiguiente no pago de remuneraciones mientras dure la medida.

Así, al final del dictamen, se señala: “No habiendo estado a disposición del empleador, este no se encuentra obligado al pago de las respectivas remuneraciones”. Frase que generó un revuelo al interior del mundo político y sindical durante todo el jueves.

En el Frente Amplio, Convergencia Social (CS) y Revolución Democrática (RD) anunciaron la presentación de un recurso ante la justicia para revertir la resolución. Según el diputado Diego Ibáñez (CS), “vamos a ver empleadores que van a usar este dictamen para suspender la relación laboral sin pagarle a sus trabajadores”. En el PPD, el senador Felipe Harboe dijo que el pronunciamiento “va en la dirección completamente contraria a la idea de la protección de trabajadores que estamos viendo a nivel de nuevos proyectos de ley” y, junto a ello, hizo un llamado a la DT a enmendar el dictamen. En Chile Vamos, el senador RN Manuel José Ossandón señaló que “en todo el mundo se está protegiendo a los trabajadores; en Chile obligamos a que trabajen, si no son despedidos. Impresentable”.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) también salió a fustigar el pronunciamiento de la DT. “Rechazamos categóricamente este dictamen y cuestionamos la legalidad del mismo, en el sentido de que impone una suspensión de las obligaciones de la relación laboral por vía administrativa, lo cual es una contravención a nuestras normas legales vigentes”, señalaron desde la multisindical.

Los cuestionamientos llevaron a la directora (s) de la DT, Camila Jordán, a convocar un punto de prensa a eso de las 19:30 horas de ayer —cuando el tema era trending topic en Twitter— para zanjar la polémica.

La personera explicó que el nuevo dictamen tiene que ver con las medidas adoptadas por la autoridad y que este trata la doctrina vigente e histórica del servicio. “Desde 1996 que esto está vigente y así mismo ha sido respecto de otras contingencias en que se ha aplicado a otros criterios. Ya sea respecto del tsunami, los aluviones del 2016, así también cuando ha habido condiciones climáticas adversas en las regiones, donde también se ha aplicado esta causal”, sostuvo Jordán.

Casos de despido

Otra materia que se deriva a partir de la “fuerza mayor o caso fortuito”, es que al decretarse el cierre de la empresa, bajo la orden de las autoridades, es que el empleador podría utilizar este motivo para despedir sin pago de indemnizaciones. La materia también fue resuelta en el texto emanado por la DT, al señalar que, al ser estas medidas transitorias, no aplicaría el despido sin indemnización.

Ante esto, Jordán explicó que como servicio, en la búsqueda de la protección del trabajador y estabilidad en el empleo, estiman que en este caso de la contingencia, utilizar la causal de caso fortuito o fuerza mayor no aplica, no es una causal válida, porque no se darían las condiciones para ello, porque se trataría de algo temporal y no permanente, que es lo que exige la norma.

Seguro de desempleo

El Gobierno busca resolver el problema con el proyecto de ley que apunta a que, cuando se dan este tipo de escenarios y se suspenda el contrato, el trabajador pueda seguir recibiendo ingresos cobrando el seguro de cesantía, mientras que el empleador debe seguir pagando sus cotizaciones previsionales. La iniciativa —que forma parte del plan fiscal del Gobierno— fue aprobada ayer en la Sala del Senado y pasó a segundo trámite en la Cámara de Diputados.

“Resulta clave aprobar el proyecto de protección del empleo y así asegurar a los trabajadores ingresos a través del seguro de cesantía durante el período que dure la cuarentena. Es prioridad que no queden desprotegidos”, sostuvo el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.

Además, el proyecto es retroactivo, por lo que también se aplicaría a quienes suspendan labores antes de la vigencia de la ley.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, también se refirió ayer al tema y comentó que el proyecto impide invocar causales extraordinarias de catástrofe para el despido. No obstante, aclaró que siguen abiertas otras causales de desvinculación, como la de necesidades de la empresa.

ESTE ARTÍCULO FUE ESCRITO POR M. BERRÍOS Y J. SOTO.