El fin a la renovación automática, a 20 años, de los permisos de captura, contenida en la "ley corta" que tramita el Gobierno en el Congreso, tiene preocupadas a las empresas pesqueras industriales. Las firmas están frenando inversiones por la incertidumbre que, según acusan, introduce esa iniciativa que les cambia las reglas del juego que aprobó el Parlamento y rigen desde 2013.
Hace unos días, Camanchaca -ligada a Jorge Fernández Valdés- afirmó a "El Mercurio" que puso en revisión inversiones por US$ 60 millones por efecto de este escenario y otros intentos de modificaciones en el rubro. Ahora, la pesquera de capitales noruegos FoodCorp -del grupo AustevollSeafood ASA-, que opera en Chile desde 1991, cuestiona las modificaciones legales y también la carga tributaria que enfrenta el sector. A la vez, indica que paralizó proyectos por hasta US$ 50 millones.
Andrés Daroch, gerente general de FoodCorp Chile, afirma que el proyecto de "ley corta" es "perverso porque pone fecha de término a la base de operación de la industria pesquera, que son las cuotas de pesca. La incertidumbre de esa licitación no permite ninguna inversión significativa mientras no se logre asegurar un nuevo período".
El proyecto de ley termina con las licencias clase A o B, y señala que los nuevos permisos que resulten de licitaciones serán por 20 años, y no se renovarán por período alguno.
Daroch señala que las inversiones "las suspendimos absolutamente. Estamos hablando de mejoras en la planta de congelados, en conservas, y en un par de barcos pesqueros. Es algo entre US$ 20 millones y US$ 50 millones que están absolutamente en el congelador".
Actualmente, la empresa que tiene su base en el Biobío cuenta con tres barcos que operan entre la III y X Región. En temporada de pesca da empleo directo a mil personas de la comuna de Coronel y registra exportaciones por más de US$ 60 millones.
Daroch afirma que desde la casa matriz se "ve con preocupación" el cambio a la ley, "pues Chile siempre ha resaltado por la estabilidad y reglas del juego claras, pero ahora se cambia a mitad de camino".
El ejecutivo también lamenta la carga tributaria que se aplica al sector pesquero. Indica que con relación al jurel en 2017 pagaban US$ 27 por tonelada de cuota -se capture o no-, y este año subió a US$ 86. "Esto nos hace mucho menos competitivos. También significa un alto porcentaje de las utilidades cuando las hay y si tenemos pérdidas, se pagan igual".
–Este artículo fue escrito por el periodista Marco Gutiérrez V., de Economía y Negocios de El Mercurio.