La idea de este régimen es que la agricultura
sea la única actividad del contribuyente. Crédito: El Mercurio.

Hasta fines de 2015, las cooperativas, sociedades de personas y personas jurídicas podían acogerse al régimen de renta presunta, el cual les permitía no llevar contabilidad y considerar sólo el 10% del avalúo fiscal del predio explotado como ingreso al momento de realizar su declaración de renta al final de cada ejercicio tributario. Paralelamente, para poder continuar en este sistema, sus ventas netas anuales no podían superar las 8.000 UTM.

Todo esto cambió a contar de enero de 2016 con la entrada en vigencia de la Ley 20.899, la cual vino a actualizar el régimen de renta presunta establecido en la versión anterior de la normativa tributaria. Básicamente, la modificación se centró en quiénes podían seguir tributando bajo este sistema.

Así, sólo pueden acogerse a renta presunta los contribuyentes que cumplan con los siguientes requerimientos:
-Personas naturales (EI, Empresarios individuales)
-Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL)
-Comunidades, cooperativas, sociedades de personas y sociedades por acciones (SpA). Todas estas deberán estar conformadas, sin excepción, por socios o accionistas que sean personas naturales.

En este sentido, los negocios con socios o controladores que sean personas jurídicas tendrán que tributar sí o sí en renta efectiva.

Otro de los requisitos es que las ventas anuales no superen las 9.000 UF, por lo que quienes deseen mantenerse en renta presunta deberán demostrar que en el año anterior a la modificación no se superó ese límite. De lo contrario, también tendrán que migrar a renta efectiva.

“Este régimen espera que, en lo posible, la agricultura sea la única actividad económica del contribuyente, ya que si tiene otro tipo de negocio, ya sea como socio, inversionista o gestor, las ventas de todos sus negocios asociados se sumarán y, por ende, será más fácil alcanzar el tope de las 9.000 UF”, argumenta Franco Brzovic, socio del estudio Brzovic Abogados y asesor tributario de Asoex y otras empresas del rubro.

Mauricio Calvo, abogado tributario de Araya y Cía., por su parte, explica que, además de sumar los montos de venta, si se vende la producción del predio a una empresa relacionada para que comercialice esos productos, se tendrá que pagar un doble impuesto: el de la comercializadora por sus propias utilidades y el del porcentaje de las ganancias de estas que van a las ventas totales del predio.

Calvo, quien también fue jefe de la oficina jurídica del SII de la región de O’Higgins, recalca que aquellos agricultores que quieran permanecer en renta presunta tienen que considerar que las ventas se miden por volumen y no por dinero, lo que quiere decir que, si en la temporada en curso se obtiene un mejor precio por el mismo volumen y se superan las 9.000 UF, el contribuyente puede, sólo en este caso, mantenerse en este régimen, aunque si esto se repite deberá migrar a renta efectiva.

Por su parte, Franco Brzovic advierte que poner un límite a las ventas, prohibir la participación de personas jurídicas y desincentivar los negocios relacionados responde a que el régimen de renta presunta apunta sólo a pequeños empresarios agrícolas, que necesiten condiciones más simples para llevar adelante su negocio.

Este régimen se caracteriza por
ser tremendamente simple. Crédito: El Mercurio.

Consejo para los indecisos

Para aquellos que no estén seguros que sus ventas futuras se mantendrán bajo las 9.000 UF anuales (ventas predio + ventas empresas relacionadas) o pasarán a algún régimen de renta efectiva, porque incumplen alguno de los nuevos requisitos para tributar bajo renta presunta, Franco Brzovic, quien también es miembro de la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Santiago, recomienda tasar comercialmente el predio.

Y es que en el caso de que quieran vender el terreno más adelante, a diferencia de lo que ocurría con la ley anterior, deberán pagar el impuesto a la renta por la ganancia capital ($ de venta – $ de compra inicial del terreno reajustado a IPC) en el caso de que estén tributando en renta efectiva. Por tanto, si se realiza la tasación comercial con expertos, y según el proceso establecido por el SII para reconocer este nuevo valor del predio, la ganancia capital será menor y, por ende, se pagarán impuestos por un monto menor de dinero.

“El valor comercial siempre va a ser mayor que el valor de compra inicial reajustado. Les conviene tener la tasación, aunque no estén en renta efectiva todavía. Si más adelante se cambian, igual les va a convenir”, señala Brzovic.

Esta tasación se puede realizar hasta diciembre de 2017, aunque el valor siempre debe estar ajustado a diciembre de 2016. Además, una vez aceptado el valor comercial por parte del SII, no se puede vender el terreno por una extensión de tres años, con el fin de frenar la especulación de precios.