"El financiamiento público de prestaciones sociales es en sí un desafío fiscal y de políticas públicas. Que los bienes y servicios involucrados solo puedan ser producidos y entregados por entes estatales es una cuestión completamente distinta en cuanto a su complejidad y alcance”.

"A partir del primer día de enero próximo, el apoyo universal se habrá acabado y las familias más pobres de nuestro país volverán a tener que vivir con el ingreso promedio que tenían previo a la pandemia, que es más bien cercano a los $350.000 al mes (...) ¿Se puede esperar que entonces la clase política asuma que, para la era post bonos covid, la única fuente de ingresos estable y creciente en el tiempo es contar con trabajo?”.

"Cuando las necesidades son universales, la respuesta debe ser universal, pero cuando las necesidades no son universales, el apoyo tiene que estar dirigido a quienes lo necesitan. Si bien ello impone el desafío de efectivamente llegar a quienes requieren de apoyo, simplificando la entrega para no generar barreras burocráticas para acceder a ellas, el argumento de la simplicidad no nos debe llevar a concluir que la ayuda deba ser universal”.

"Si bien las estimaciones entregadas por el Gobierno hasta el año 2100 sostienen que el fondo que se crea podrá pagar los beneficios comprometidos, queda la duda razonable de qué pasa si finalmente no resulta ser sostenible. ¿Deberá el Estado aportar mayores recursos? ¿Se deberá aumentar aún más el impuesto al trabajo? ¿Se ajustarán los beneficios a la baja? ¿Se elevará la edad a partir de la cual se puede acceder a estos beneficios en la medida que va ampliándose la esperanza de vida? Las respuestas a estas preguntas necesariamente deben ser parte de esta reforma”.

"Estamos frente al peor combinado posible: La celeridad con la que avanzan los proyectos que frenan la inversión en el país, sumada a la lentitud a la que se condena a los proyectos que buscan agilizarla. ¿Estaremos ante un Congreso que optará por declararse incompetente, irrelevante o incluso inconveniente para salir de la crisis?”.

"El Estado necesariamente debe transformarse en un empleador competitivo, entregando similares posibilidades de desarrollo y crecimiento que las que ofrece buena parte del sector privado. Para ello es esencial, entre otros aspectos, separar claramente lo que son funciones de Gobierno de las de Estado”.

"Es necesario revisar los múltiples programas existentes desde una óptica de los incentivos que generan para permanecer, si no totalmente, al menos en parte en la informalidad (...). En ningún caso se debe entender con ello que los programas sociales deben ser universales, sino que mantener criterios de focalización, pero que el retiro de los beneficios contemple una cierta gradualidad”.

"En un sistema parlamentario hay que hacer la pega completa. Va de la mano con hacerse cargo de los efectos de esas medidas. Y también, y pido disculpas por decir lo que es obvio, señalar de dónde provendrán los recursos fiscales del caso. Pero nuestra versión criolla de parlamentarismo quiere funcionar con un solo lado del embudo político: recibir los aplausos por permitir un nuevo retiro y que otros vean qué hacemos”.

"No es de extrañar que muchos quieran cambiar el auto, ya que difícilmente pueden distinguir entre problemas del vehículo propiamente tal, o el exceso de peso que se ha puesto sobre él. Para aquellos que nunca creyeron en el auto que les tocó conducir, cuando este comenzó a bajar la velocidad decidieron desahuciarlo”.

"Con una economía contrayéndose en un 5% durante este año y con la necesidad de recuperar uno de cada cinco empleos que teníamos hace un año, si desde la política no se puede avanzar en mejorar la calidad del gasto público, que implica también enfrentar grupos de presión que tienen capturadas determinadas áreas de gasto fiscal, no se contará con los recursos públicos necesarios para enfrentar necesidades transversales de la sociedad, tales como pensiones y salud".