Un grupo de economistas fundamentó recientemente su posición “En contra” de la propuesta constitucional, argumentando que de aprobarse “(se) arriesga afectar la economía mediante una mayor incertidumbre y problemas de funcionamiento institucional”. Esa aseveración es sorprendente por varias razones.

Lo primero es que el mismo grupo apoyó con entusiasmo la idea de que Chile necesitaba una nueva Constitución en diciembre de 2020 y luego optó por el “Apruebo” a un texto que, cómo olvidarlo, prometía “meterle inestabilidad al sistema”, refundando y, a mí modo de ver, dinamitando las bases del progreso económico y social de las últimas décadas. Pero, en fin, todos tienen derecho a cambiar de opinión y convertirse ahora en partidarios de las certidumbres.

Lo anterior hace que sea doblemente sorprendente justificar el “En contra” en el temor a la incertidumbre, porque, en los hechos, esa opción dejaría a Chile expuesto a dosis de incertidumbre sin precedentes en las últimas décadas. Se olvida que el año pasado, mientras los chilenos rechazamos claramente el proyecto de la Convención, en el Congreso se aprobaron dos reformas constitucionales cuyo efecto fue quitarle a la Constitución actual su capacidad de producir certidumbre institucional: se rebajaron los quorum de reforma constitucional a 4/7 —de los más bajos del mundo— y además se eliminó lo que conocíamos como el “quorum orgánico constitucional”, que se exigía para modificar leyes que regulan instituciones y derechos clave, desde el Banco Central a las Fuerzas Armadas, desde la libertad de enseñanza a las concesiones mineras, entre muchas otras.

Esas dos modificaciones del año pasado a la Constitución vigente tienen alcances tan amplios y profundos que me parece que la que hoy nos rige debería ser llamada la Constitución del 2022. Si se trata de estar preocupados de la incertidumbre, la realidad es que hoy, con el texto vigente, una mayoría de diputados y senadores en ejercicio podría terminar con la autonomía del Banco Central. Por eso, el proyecto del Consejo que votaremos en diciembre propone incluir en la Constitución las normas que consagran esa autonomía. Saque usted sus propias cuentas de lo que significa el “En contra” en esta materia y en todas aquellas otras reguladas por leyes orgánicas constitucionales.

Todos quisiéramos creer que como país recuperamos plenamente la cordura luego de haber rechazado el texto de la Convención, pero la sobriedad en la cual transcurrió la discusión constitucional durante estos ocho meses no puede ser leída como sinónimo del abandono de las aspiraciones refundacionales radicales plasmadas en el texto rechazado. Para ello basta con revisar las enmiendas que se presentaron en este nuevo proceso constitucional por parte de la izquierda más extrema y que fueron apoyadas por la centroizquierda en la Comisión Experta. La agenda refundacional sigue latente, a la espera de que se vuelva a abrir una ventana de oportunidad para implementarla. Y el “En contra” en diciembre, producto de las reformas aprobadas en el Congreso el año pasado, le deja las ventanas y las puertas abiertas.

Por eso es que, desde la perspectiva de la certidumbre, el que el proyecto que se vota en diciembre suba a 3/5 el quorum para modificar la Constitución e incorpore normas institucionales claves, como la del ejemplo del Banco Central, hace la opción “A favor” inmensamente atractiva, en una dimensión gruesa y sustancial.

De la misma envergadura y atractivo para poder salir del estancamiento en que está el país, son los cambios propuestos al sistema político. Pero del tema se dice poco. La metáfora es un cliché, pero me recuerda eso de no ver el bosque por fijarse solo en un par de árboles. Me resulta sorprendente, en cambio, el volumen de atención y discusión que se le ha dado a un par de normas, que encuentro razonables, pero respecto de las que es discutible si debieran estar en la ley o en la Constitución. Por ejemplo, la que apunta a la obligación del pago de contribuciones o eventuales modificaciones al impuesto a la renta. Son normas novedosas, razonables, pero que se entiende que se critiquen desde la perspectiva de quienes creen que no debieran estar en la Carta Magna. Sin embargo, no por ello se debe perder de vista las cosas que este nuevo texto resuelve bien: por sobre todas, las cuestiones institucionales. No cabe duda que ese es “el bosque” que importa.

Y es ahí, como decía, donde creo que el texto propuesto ofrece cambios muy potentes y que apuntan a resolver el nudo de la parálisis política que nos afecta.

Es tal el deterioro de nuestra dinámica institucional a que ha conducido el fraccionamiento del sistema político, con cerca de 30 partidos existentes o en formación, que parece que llegó el momento de proponer un agregado a aquella frase del jefe de campaña del expresidente Clinton, que le recordaba a todo su equipo que había que centrar el mensaje de su candidato con un letrero que dijera: “Es la economía, estúpido”. Nuestra realidad nos viene recordando a gritos desde hace rato que, además de la economía, tenemos un problema digno de otro letrerito: “Es la política...”.

Al igual que el grupo de economistas al que aludía al comienzo, creo que la variable “incertidumbre” y el “funcionamiento institucional” son clave. Por eso votaré a favor de la Constitución del 2023.