Haciendo uso de sus facultades legales, el Gobierno ha indicado que presionará para que la próxima semana se ponga en votación el proyecto de ley de reforma previsional que se encuentra en la comisión de Trabajo del Senado. Los argumentos para ello han sido de distinta índole: que si esto queda para después de las elecciones municipales y regionales de octubre, definitivamente se entrampará debido al inicio de la carrera presidencial; que los jubilados no pueden seguir esperando; que si no hay reforma habrá retiros…

Frente a este apuro del Gobierno por poner en votación la reforma, hay que tener presente que lo que se discutiría es el texto que se aprobó en la Cámara de Diputados y que, tal como indicó el ministro de Hacienda, debido a que partes esenciales de la reforma fueron rechazadas en la Cámara, este se asemeja más bien a un queso suizo. Por ejemplo, no establece un aumento de la tasa de cotización; en consecuencia, menos aún el destino de esos recursos.

Así, no parece razonable presionar la votación de una reforma que no se sabe qué implica. Lo único respecto de lo cual hoy se puede tener certeza es de que el texto a dirimir carece de coherencia y sentido. Me parece evidentemente irresponsable por parte del Ejecutivo empujar la votación de un proyecto si se desconocen los contenidos más esenciales del mismo y pretender que el Congreso actúe de la misma manera.

Desde el oficialismo se han enviado algunos globos sonda para tantear el ánimo relativo al destino del aumento de la cotización, lo que ha dejado de manifiesto que al menos respecto de este punto difícilmente se puede construir un acuerdo. La falta de apoyo ciudadano a la propuesta del Gobierno de aumentar las actuales pensiones con cargo a menores pensiones futuras posiblemente sea la razón de fondo de querer forzar una votación ahora, antes de dar a conocer las indicaciones que pretende ingresar. Ad portas del inicio de un nuevo ciclo electoral, no le conviene mostrar sus cartas.

Asimismo, la discusión previsional de estos años ha dejado de manifiesto los potenciales riesgos que conlleva la discusión política en esta materia. Siempre habrá mayor presión desde la política por aumentar las pensiones actuales, aunque sea en desmedro de las futuras jubilaciones, y la amenaza de permitir nuevos retiros desde los fondos ahorrados se ha transformado en una suerte de “covid-largo” demagógico.

El eslogan “reforma o retiro” supone que ambas cosas son excluyentes y lo peor es que no lo son. Recordando la discusión parlamentaria que se dio respecto de los tres retiros que se aprobaron en el pasado, resulta evidente que el populismo solo se acabará cuando se extingan los recursos para financiarlo, salvo que una mayoría sensata se imponga en el Congreso.

Lo que comenzó como único y necesario se multiplicó por 3. Siguiendo esa misma lógica, si hoy se destina un punto de cotización al pago de pensiones actuales y no al ahorro, en un tiempo más serán 3 puntos de cotización. Y si de pretender ganar votos repartiendo plata ajena se trata, pronto habrá quien argumente apasionadamente por el reparto de 6 puntos.

En los últimos 20 años ha habido reformas importantes al sistema de pensiones. El año 2008 se creó lo que durante 14 años fue el Pilar Solidario; en 2015 se aumentó en 10% los beneficios pagados por este concepto; el año 2019 el incremento fue de un 50% y en 2022 se creó la Pensión Garantizada Universal, que implicó un aumento del gasto público en pensiones que pasó desde un 0,2% del PIB el 2008 a un 1,7% y que, por el envejecimiento de la población, se proyecta que al 2050 crecerá a un 3,5%. Hoy el gasto en pensiones del componente solidario de nuestro sistema equivale a más de 7 puntos de cotización, mientras que el 2008 era dos.

Y entonces volvemos a la discusión inicial: ¿la solidaridad se debe hacer con recursos provenientes de impuestos generales o vía menores jubilaciones futuras? En un país como el nuestro, que proyecta aceleradas tasas de envejecimiento y en el cual menos de la mitad de los futuros jubilados cotizó el mes pasado, resulta evidente que la solidaridad no puede ser a costa del ahorro de los trabajadores formales, sino que abordada con recursos generales.

Si no se sabe cuál es la reforma que el Gobierno quiere que se vote en el Congreso, resultaría incomprensible que efectivamente se haga. Y si no hay posibilidad de llegar a acuerdo, perdamos el miedo a esperar una reforma que tenga sentido técnico y respete la opinión de los trabajadores.