Ya en el tercer año de la presente administración y ad portas de iniciar un nuevo ciclo electoral que seguramente copará la discusión pública durante los próximos dos años, las reformas estatizantes que impulsa el Gobierno, algunas que incluso fracasadamente intentaron mediante una nueva Constitución, están en una situación que es al mismo tiempo clara y compleja para La Moneda: su agenda estatizante está en manos de la oposición.

Al Gobierno se le debe reconocer la transparencia y perseverancia en sus propósitos y hasta dónde está dispuesto a llegar para conseguirlos. Igual de claros son el rechazo de los chilenos a que se estaticen sus ahorros previsionales o las consecuencias que tendría el colapso de la salud privada. También lo son los argumentos con los que hace ya una década incluso un Congreso con clara mayoría de izquierda rechazó facultades nuevas que hoy se insiste en dar al Servicio de Impuestos Internos.

¿Será que el simple uso de la palabra “reforma”, con toda la vaguedad que tiene hacer una referencia a un cambio evitando mencionar el contenido del mismo, produce algún encanto difuso de esos que intentan capitalizar el descontento con elementos de la realidad actual impulsando un contenido que se prefiere mantener en segundo plano? “Reforma de pensiones” en vez de “Estatizar los ahorros de pensiones”. “Reforma tributaria” en lugar de “Alza de impuestos”. Tal vez porque hay demasiado recuerdo acumulado de alzas de impuestos en las últimas décadas, esta vez se ha recurrido a otra palabra de efecto sedante: “pacto”.

Pero la sustancia de lo que impulsan desde el Gobierno no tiene nada de sedante: imponen límites y pisos de negociación, quieren avanzar en su agenda estatizante… y esperan que votos de derecha se lo hagan posible. Me parece que, con la misma claridad, la oposición está en condiciones de hacer lo mejor para el país (y para su propia salud política), que es no sumarse a proyectos que agravarán en lugar de solucionar problemas.

Vamos por parte. En relación al sistema privado de salud, ante un fallo de la Corte Suprema que dejó en vilo la continuidad del mismo, el Gobierno envió un proyecto que se asegura de que, más temprano que tarde, el sistema privado desaparezca definitivamente. Resulta obvio decirlo, pero cuando el objetivo político declarado de la izquierda radical es la estatización del sistema de salud, cuando las gravísimas consecuencias para la población que se derivarían de aquello están ampliamente advertidas y el Gobierno insiste en un proyecto de ley que inevitablemente conduce a ese objetivo, no tiene sentido alguno que la oposición contribuya y se haga cómplice con sus votos de una hecatombe anunciada.

En materia tributaria, la reforma ya ingresada en el Congreso modifica de forma sustantiva, y en infinidad de detalles, la relación entre los contribuyentes y el Servicio de Impuestos Internos. Lo normal, el sentido común, es que el que afirme que otro ha cometido una infracción lo tenga que demostrar, que asuma la carga de probar dicha infracción. La reforma propuesta radica ahora en el contribuyente el peso de la prueba, será este el que deba demostrar su inocencia frente a una simple imputación por parte de la autoridad. Invertir la carga de la prueba y olvidarse de la presunción de inocencia resultan particularmente complejos tratándose el SII de una institución cuya dirección puede ser removida libremente por el Presidente de la República. Es evidente que esa combinación de facultades y dependencia del poder político es, por decirlo suavemente, poco sana.

Se ha planteado que lo que se requiere para ello es modificar el actual gobierno corporativo del servicio, poniendo cortapisas a la remoción del director por parte del Presidente y/o bien avanzar hacia un cuerpo colegiado que supervise el actuar del servicio. Si bien este tipo de reformas pudieran tener mérito en sí mismas, no resuelven el tema de fondo: la reforma propuesta es simplemente kafkiana para los contribuyentes. ¿Se va a sumar la oposición a la aprobación de normas que debilitan la posición del contribuyente, lógica que fue rechazada en el pasado por un Congreso con mayoría de izquierda en ambas cámaras?

Y si de pensiones se trata, todo indica que los límites impuestos por el Gobierno a cualquier negociación están dados por el objetivo de largo plazo de avanzar en la estatización de los ahorros previsionales y en el control político de la administración de dichos fondos. Y otras dos cosas son evidentes también en este caso: la inmensa mayoría de los chilenos se opone a toda forma de “manotazo” y el oficialismo no tiene votos propios para darlo. ¿Lo va a hacer posible la oposición?

Es comprensible la frustración de quienes, predispuestos a cumplir su rol opositor de forma constructiva, se ven enfrentados a una agenda ideologizada, rígida y con propuestas dañinas para el país. Pero así como la gente vota por un gobierno, también elige de manera democrática una oposición. Es su hora.