Al final de la tarde de hoy, algún sector de los chilenos estará celebrando, más o menos convencido, el resultado del plebiscito. Independiente del desenlace, en el caso de unos sería con la esperanza de por fin ponerle punto final “al proceso”; en el de otros, la esperanza de —a la vuelta de la esquina— volver a intentar cambiar una Constitución que en 2022 quedó debilitada o bien volver a la carga para debilitar la del 2023. Pero en cuanto terminen de sacar las cuentas alegres respectivas en cada caso, ya será lunes e inevitablemente nos encontraremos todos, triunfadores y derrotados, con la cruda realidad.

Revisemos una cuenta de larga data: ha pasado mucho tiempo desde que, en tiempos de Bachelet I, el Partido Comunista definiera como sus prioridades el fin del lucro en educación y salud, el fin de las AFP y el fin de la Constitución del 80. Y ya son casi 10 años desde que el PC llegara con su agenda bajo el brazo a ser parte del gobierno de Bachelet II. Hoy, el balance de esa cuenta dice que la salud privada está al borde del precipicio, que la educación particular subvencionada ha podido resistir los embates —pero a la educación pública la tienen rodando por el precipicio—, que los ahorros de pensiones de los trabajadores siguen en guardia frente al manotazo que los amenaza a diario y que lo que queda de la Constitución del 80 se ha transformado en la mejor opción táctica para los planes del PC y el Frente Amplio.

Otra cuenta, la correspondiente a la década transcurrida desde que en 2013 se nos invitara a “Marcar Tu Voto con la sigla AC” para la instalación de una Asamblea Constituyente, es lamentablemente clara: a pesar de gobiernos de signo inverso, de plebiscitos de resultados polarmente divergentes, de convenciones y consejos irreconocibles entre sí, el país se ha movido, raya para la suma y con una consistencia penosa, en la dirección equivocada.

En materia de salud, las listas de espera han ido en aumento, a pesar de los mayores recursos destinados cada año para ello. Solo un botón de muestra: el total de personas en listas de espera de la salud estatal subió 23% entre el tercer trimestre de 2014 y 2023. Una cruel ironía es que ese crecimiento ha sido especialmente grave respecto de las enfermedades que se supone tienen una garantía de atención por parte del Estado, que pasaron de 5 mil a 70 mil en el mismo período.

En materia de educación, los recientes resultados que entregó la prueba PISA grafican el retroceso de esta década. En relación con las pensiones, el populismo que empujó el retiro de ahorros previsionales durante la pandemia se traducirá en una caída, en promedio, de casi un 30% de las futuras pensiones. En materia de empleo estamos por debajo de los niveles de hace una década.

En materia de seguridad, lamentablemente no necesito darle ninguna cifra porque usted ya sabe la realidad. Pero si insiste en querer un dato, está el del total de homicidios registrados el año pasado, el más alto de que se tenga registro. Si de inmigración se trata, en esta década la población extranjera en el país ha aumentado entre 4 y 5 veces, mientras que las autodenuncias de migrantes en situación irregular han aumentado 50 veces, pasando de mil y tantas autodenuncias el año 2013 a 53.000 el año pasado.

Los ahorros del Estado han caído a un tercio de lo que eran hace 10 años. Nuestra deuda pública en relación con el tamaño de la economía pasó de estar bajo un 13% a casi un 40%. Y lo que resume en una sola variable nuestra descomposición económica, la proyección de crecimiento del PIB Potencial pasó de ser cercana a un 5% hace una década atrás a un paupérrimo 2,1%.

En ese cuadro, el Gobierno, con una perseverancia en sus objetivos ideológicos digna de encomio, busca subir los impuestos, lo que no tiene nada de nuevo ni sorprendente. Tampoco lo es que ofrezcan “un pacto” para lograrlo —en sus mentes debe estar fresco “el pacto” que les permitió durante Bachelet II hacer un aporte ritual al crecimiento del Estado—. Los efectos de dicha alza de impuestos, el daño causado a la economía y la recaudación frustrada de la misma difícilmente estarán entre las cuentas alegres de nadie.

Lo del “pacto” es especialmente llamativo en un momento en que, con el sistema de salud al borde del precipicio antes mencionado, el Gobierno desestima la propuesta elaborada por un grupo técnico transversal para evitar el colapso en la atención de salud de millones de personas y opta por enviar una reforma legal al Congreso que no incorpora los elementos esenciales para darle viabilidad al sistema.

Da la impresión de que “pacto” es sinónimo tan solo de lo que permita avanzar en las cuentas alegres de la agenda ideológica inicial del Gobierno, mientras a los chilenos se les acumulan cuentas de las otras.