Todos sabemos cómo se llama esa actividad en que se aprieta el gatillo de una pistola apuntada en dirección inconveniente, sin tener claro si la pistola está cargada o no, en que la posibilidad de daños catastróficos está entregada al azar. Uno supondría que en un país que abrazó hace dos décadas y transversalmente una regla de balance estructural, que busca que el gasto fiscal sea compatible con los ingresos de largo plazo de nuestra economía, jugar a la ruleta rusa fiscal está completamente descartado como posibilidad.

Pero a pesar de haberse cumplido prácticamente siempre la regla de balance estructural desde entonces, nuestra situación fiscal se ha deteriorado y a futuro no se observa que esta tendencia se vaya a revertir necesariamente. No solo porque la regla de balance estructural ha mostrado tener sus deficiencias a la hora de frenar el mayor gasto fiscal, sino también por la creatividad de nuestras autoridades económicas y la ausencia de medidas correctivas cuando la realidad supera lo que indicaba la regla, o bien cuando se observan desviaciones importantes respecto de la estimación de gasto realizada en un momento en el tiempo.

Por ejemplo, el informe financiero que se presentó para la tramitación de la ley de gratuidad para la educación superior en 2018 indicaba que el costo fiscal, beneficiando al 60% de los estudiantes de menores ingresos, iba a ser del orden de los $900 mil millones (en pesos del 2024). Pero, en realidad, la Ley de Presupuestos para este año contempla recursos del orden de $1.960 mil millones. Es decir, el informe financiero “solo” erró en más del 100% de los recursos involucrados.

Adicionalmente, con esa ley se inauguró el concepto de “gatillo fiscal” como criterio para ir ampliando la cobertura de dicho subsidio. La ley estableció que en la medida en que el Fisco contara con mayores ingresos, se ampliaría la cobertura a los estudiantes de los deciles faltantes. En el papel, la regla sonaba rigurosa: para ampliar la cobertura al 70%, los ingresos estructurales debían ser al menos el 23,5% del PIB tendencial en los dos años inmediatamente precedentes; cuando representasen 24,5%, se extendería al 80%; al 90% cuando se alcanzara al 26,5%, y la cobertura sería universal cuando se llegase al 29,5%. Mucho detalle, mucho optimismo.

Si bien hay que reconocer que este “gatillo fiscal” logró frenar las presiones políticas por mayor gasto fiscal en ese entonces, hasta el momento no se ha revisado, no obstante que fue calculado e implementado en base a estimaciones que distan del impacto fiscal que este gatillo, en caso de activarse, tendrá, dado que la política de gratuidad en la práctica ha requerido a la fecha más del doble de los recursos estimados al momento de aprobarse en el Congreso.

Ahora, en el marco de la tramitación de la reforma de pensiones, también se propone una fórmula de “gatillo” para ampliar la cobertura y monto de la Pensión Garantizada Universal. En efecto, se propone que para subir el monto desde los actuales $214.000 a $250.000 se debe cumplir la denominada “condición de sostenibilidad financiera”, que establece que los ingresos estructurales deben ser al menos el 24,7% del Producto Interno Bruto nominal. Para ampliar del actual 90% de la población cubierta al 100%, esta debe ser del 25,7%.

Esta segunda versión de gatillo fiscal no asegura que efectivamente se cuente con los ingresos fiscales suficientes para financiar los gastos asociados a ella. Compartiendo la lógica que gastos permanentes deben ser financiados con ingresos permanentes, se debe observar cuál ha sido la estabilidad del indicador que se utiliza para este gatillo y hasta qué punto realmente permite asegurar un financiamiento permanente y estable en el tiempo. En efecto, desde 2001 que se tienen cifras para este indicador, y se observa que no es estable a lo largo de los años. Por ejemplo, en 2001 era 23,4%, descendiendo a 19,5% en 2006. De acuerdo a estimaciones oficiales, el primer gatillo podría activarse en 2025, pero durante los años sucesivos se estima que este indicador volvería a caer por debajo del 24%.

Desde el Gobierno se ha indicado que para poder anticipar el aumento de la PGU a $250.000 a este año, se requiere aprobar el aumento de impuestos que proponen. Es decir, aprobándose un aumento de la carga fiscal, ya se puede comprometer un mayor gasto, sin tener ninguna certeza de que efectivamente las estimaciones que ahí se entregan se vayan a cumplir. No sería la primera vez que aumenta el gasto fiscal a cuenta de supuestos ingresos nuevos, pero que finalmente no se concretarán. Ello finalmente redundará en un mayor déficit fiscal y en un mayor endeudamiento del Estado.

Si se siguen aprobando mayores gastos con cargo a ingresos que a lo menos son inciertos, difícilmente recuperaremos la tan necesaria responsabilidad fiscal que nos permitió construir una política social responsable y estable en el tiempo. Crear gatillos que aparentan rigor en el papel pero en la práctica son impredecibles, tarde o temprano producen daños irreparables.