Múltiples diagnósticos, seminarios, propuestas y publicaciones. Pero en la práctica poco se ha avanzado en materia de modernización del Estado. Ha habido algunos chispazos como, por ejemplo, la implementación del portal y sucursales de “Chile Atiende” como puerta de entrada a múltiples beneficios y servicios del Estado.
La ausencia de una institucionalidad que logre impulsar proyectos de modernización ha sido parte del problema. Para enfrentar esto, hace varios años que se creó la Comisión para la Modernización del Estado, pero en la práctica ha carecido de la fuerza necesaria para generar los cambios. El Ministerio de Hacienda y el de Desarrollo Social hacen un esfuerzo por evaluar proyectos y programas, en el marco de la lógica de la discusión de presupuestos de cada año. Sin embargo, las evaluaciones son programa a programa, es decir, carecen de una mirada integral, y su impacto y alcance es más bien acotado: la última evaluación cubrió solo uno de cada cuatro pesos ejecutados.
Por ello, observo con modesto entusiasmo el reciente proyecto de ley que presentó el Gobierno al Congreso para la creación de una Agencia para la calidad de Políticas Públicas y la Productividad. No necesariamente por lo creativo ni novedoso de la propuesta; gobiernos anteriores ya habían presentado iniciativas en esta línea sin despertar demasiado fervor en el Parlamento, sino más bien porque el contexto, y con ello la urgencia de avanzar en este tipo de reformas dada la estrechez fiscal y el estancamiento de nuestra economía, hacen más viable que ahora se apruebe. Si bien la iniciativa permite volver a instalar la discusión en el Congreso, necesariamente requiere ser mejorada. Dar al gobierno corporativo de dicha agencia real independencia respecto de la administración gubernamental de turno, así como más herramientas y responsabilidades, son cambios que espero que se introduzcan durante la discusión.
Bien sabemos que la creación de esta agencia no es suficiente. Ya hemos visto cómo la actual Comisión Nacional de Evaluación y Productividad —que sería absorbida por esta nueva agencia— ha sido capaz de levantar sendos diagnósticos, pero con acotado impacto para producir un cambio. Por ello, necesariamente se requiere que se establezcan los incentivos correctos en la administración pública para que, ojalá de forma permanente, se adopten las mejoras en gestión propuestas por este organismo. Mientras el actual Gobierno está apoyando un proyecto de ley que supuestamente reduciría los tiempos de tramitación de diversos permisos requeridos para poder desarrollar un proyecto de inversión, en la práctica las herramientas de gestión con que cuenta la administración pública para ser más eficiente y diligente en su actuar se han venido deslavando.
Por ejemplo, en el caso del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), que anualmente fija indicadores para la medición de la gestión de los distintos servicios, de los 31 organismos que entregan algunas de las 382 autorizaciones administrativas que revisó el Ministerio de Economía con el fin de agilizar la inversión en nuestro país, todos contienen indicadores generales para todos los servicios, tales como materias relativas a equidad de género, Estado verde, calidad de servicio y experiencia usuaria, entre otros, pero ninguno relacionado al cumplimiento y reducción de plazos para la tramitación y posterior entrega de permisos. Si bien para los PMG del año 2022 solo cinco de estos organismos públicos los incorporaban en alguna dimensión, ello no tuvo continuidad el 2023.
Asimismo, en relación a los convenios de desempeño que deben suscribir los jefes de estos servicios, solo en dos de ellos se observan indicadores relacionados con autorizaciones sectoriales.
Más allá de los proyectos de ley que se puedan discutir en el Congreso, más allá del discurso público cargado de buenas intenciones, se requiere, sobre todo, que la voluntad de agilizar la burocracia estatal se exprese también en las herramientas para mejorar la gestión de las que hoy se dispone. Para ello, el Ministerio de Economía debiera contar con las herramientas necesarias para poder orientar los lineamientos de gestión entregados en el marco de los PMG, más allá de si dependen o no de esa cartera.
Durante las últimas décadas se han venido creando cada vez un mayor número de ministerios y de servicios públicos, lo que ha dado paso a la instalación de distintas mesas de coordinación interministerial o intersectorial para poder administrar la cada vez mayor fragmentación de nuestro aparato estatal. Debe ser el Ministerio de Economía el que asuma el rol de supervisar en todas las instancias que la gestión pública incorpore dentro de su mandato el reducir los tiempos de espera en la entrega de permisos sectoriales. Para ello no se requiere crear un nuevo servicio público, sino más bien entregar a Economía el rol de acelerar las cosas, alineando el discurso público con la implementación de acciones concretas.