Hace poco más de un año el fútbol chileno festejaba el regreso del público a los estadios, un retorno que fue cauteloso y gradual, pero igual corrió como un ventarrón fresco luego de más de un año de campeonatos suspendidos y partidos a puertas cerradas.

Esa alegría se fue diluyendo con el tiempo y la reaparición de la violencia en las gradas, un problema de larguísima data, con cada vez más frecuentes invasiones a la cancha y uso de los fuegos artificiales como un arma para dañar al oponente, una brutalidad que no solo ha afectado a barristas, sino también a menores de edad y jugadores.

El fenómeno está ahí, a la vista de todos: en pocos días se suspendieron dos clásicos del balompié nacional por el paupérrimo comportamiento de los hinchas.

Los dirigentes de Colo Colo y Universidad Católica piden ayuda: dicen no tener las herramientas para frenar a los desadaptados e imploran el regreso de Carabineros a los estadios.

Pero es una idea con varios puntos en contra. El primero es conceptual: se ha convertido en una suerte de mantra repetir que los eventos privados deben ser cuidados por seguridad privada, desligando al Estado de cualquier tarea.

Pues bien, esa receta sencillamente no resulta. Todos saben por qué: con guardias mal pagados, mal capacitados, inermes y muchas veces físicamente inaptos, es imposible enfrentar la monumental tarea de enfrentar a un enjambre humano que no reconoce otra autoridad que la rabia y el músculo.

Se puede seguir insistiendo en esa quimera y el resultado seguirá siendo el mismo. La fórmula que quizás funcionó en Inglaterra o Europa acá no sirve, fracasó.

El segundo reparo es que Carabineros sí está en los estadios. La institución destina personal que muchas veces se traslada de una ciudad a otra, incluso cientos de kilómetros, para cumplir con los requerimientos de las delegaciones presidenciales.

Claro, en un número menor al que tenían a los años 90, y con funcionarios que no están en las tribunas como antes, pero tampoco se les puede pedir que verifiquen identidades, corten boletos y acomoden espectadores; no es su rol.

La crítica ahí vuelve al organizador: es el encargado de seguridad local el que debe pedir el auxilio de la fuerza pública cuando se ve sobrepasado, pero muchas veces los dirigentes prefieren mirar para el lado para no ganarse conflictos posteriores con sus barristas.

La solución debe venir del ámbito político. El Estado, a través del gobierno, debe proveer una salida, por la importancia social de la actividad. Hay que abandonar los dogmas y abrirse a un cambio de paradigma: el fútbol puede pagar un impuesto, por ejemplo, para fortalecer un plan que permita crear una figura de “guardias del fútbol”, especializados, protegidos y con mayores herramientas.

Una reforma a la ley, además, podría centralizar las decisiones de la materia en una sola autoridad y no dejarla a la disparidad de criterios de los delegados provinciales o regionales.

Si seguimos esperando a que las sociedades anónimas inventen la rueda, el futuro es negro; si nos contamos historias bonitas sobre las barras y soñamos en un cambio cultural milagroso basado en la educación, arriesgamos una tragedia.

Y vaya que hemos estado cerca.