En el Perú, el dominio y uso público sobre el agua constituye un patrimonio de la nación, por lo cual su administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común, la protección ambiental y el interés de la nación. Para esto es necesario contar con un derecho que puede ser obtenido mediante 3 modalidades a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).