La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina dio curso a la apelación presentada por Melipilla, club que intenta revertir su expulsión, y fijó para el martes 11 de enero la revisión del caso.

El club sancionado ingresó el miércoles su recurso de apelación que, en 37 páginas, retruca la sentencia de primera instancia, considerando que la expulsión “no está ajustada a derecho” y “no guarda ninguna relación con el principio de proporcionalidad”. Las penas, alegan los “Potros”, deben “ser inequívocamente justas”.

En lo formal, por ejemplo, reclama que la U, primer club denunciante, lo hizo en día y hora “inhábil”, esto es, el sábado 4 de diciembre, un día antes del partido en que milagrosamente salvó del descenso.

En el texto, Melipilla acusa que la Primera Sala “yerra” al basar la sentencia condenatoria en el testimonio de los futbolistas Ricardo Fuenzalida y José Huentelaf. “La Primera Sala no advirtió en la audiencia ni en la sentencia que los testigos habían sido preparados en forma previa por los abogados de Audax Italiano y Huachipato, hecho relevante y de extrema gravedad”, argumenta el abogado Mauricio Acuña.

Melipilla también reclama que la denuncia de Universidad de Chile y posteriormente la de Huachipato, además de “extemporánea” y “prescrita”, fue “premeditada” y “concertada” con el objeto de “evitar el descenso a través de maniobras administrativas reprochables y de mala fe” para lograr “por secretaría lo que no pudieron obtener en la cancha”.

“Es tan antojadizo y temerario el inicio de este bizarro proceso que la propia denunciante, Azul Azul, que ofició de guaripola, como lo expresara sarcásticamente un periodista, comentario que es coherente y ratificado por los propios dichos del presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, de quien se advierte de sus palabras que ellos manejaron el tiempo a su total y real gana (…) Siguiendo los dichos del señor Clark, solo les importó su propio bien, haciendo mezquino y mal uso del derecho”, se lee en la apelación.

Los “Potros” intentan demostrar que el artículo 85 no castiga la “falsedad por ocultamiento” del sueldo real de ambos jugadores, sino que solo castiga la presentación de documentación falsa o adulterada, “lo que no fue probado en la causa, pues lo único que se probó, si es que se probó, fue el pago de sumas de dinero no establecidas en el contrato de trabajo de Fuenzalida y Huentelaf, no que el contrato registrado en la ANFP sea materialmente falso a adulterado”, arguye Acuña.

Los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz son socios y representan a Huachipato y Audax Italiano en la acusación contra Melipilla. Por cierto, esperan que “la Segunda Sala confirme el fallo, porque los antecedentes son múltiples y graves”.

Es más, acotan que “la apelación de Melipilla nos da la razón porque reconoce que hubo pagos irregulares. La prueba es concluyente y la sentencia, sólida y maciza. En todo caso, después de leer la apelación, estamos aún más tranquilos”, comentan.

Sobre la imputación de preparar a los testigos, señalan: “Esa es una afirmación absurda. Preguntarle a un testigo cuáles son los hechos es un estándar mínimo de diligencia profesional. No hacerlo es una mediocridad”.

Pero hay otra arista. Consultado sobre el rol de Carlos Encinas, quien tiene participación en la propiedad de Melipilla y Lautaro de Buin, el otro club sancionado por pagos no registrados en la ANFP, Colombara señala: “Es un elemento muy relevante y así se lo hicimos saber al Tribunal de Disciplina y, además, va a ser muy relevante que la decisión que deberá tomar la Segunda Sala y, eventualmente, para los otros frentes que se puedan abrir como el tributario o penal”.

“Obviamente”.