"Lo mismo se puede decir de los derechos sociales, económicos y culturales. La Constitución actual tiene un claro sesgo hacia garantizar la libertad de elección en relación a estos derechos y no su contenido. Es más, lo hace aplicando reglas del mercado, permitiendo al sector privado discriminar en áreas fundamentales de la vida de las personas”.

"La forma de entregar apoyos a las familias ha sido confusa y llena de requisitos. Por cierto, ello se ha ido reparando en la medida en que pasan los meses y progresa la crisis. Pero desde el punto de vista de las familias, los apoyos siguen siendo de difícil comprensión. Así es muy probable que algunos se estén quedando fuera. Sería bueno al menos visitar a quienes viven en campamentos y se alimentan en ollas comunes para comprender su situación y revisar si les están llegando los apoyos”.

"La idea de usar los seis puntos adicionales de cotización para beneficios colectivos es superior a la de usar solo tres. Pero tres puntos es mejor a que no haya reforma. Habrá que seguir negociando”.

"El 2020 fue un año más doloroso de lo necesario. Se cometieron errores por no adaptar los planes, a pesar de que la información iba evolucionando. En marzo del 2020, el Presidente Piñera dio varias entrevistas augurando que el peak de contagios se alcanzaría a fines de abril o principios de mayo. Toda la política pública se modeló en torno a ese juicio”.

"Una de las grandes dudas de un ingreso básico universal (IBU) es si afecta los incentivos al empleo. Si se entregan recursos sin exigir un cierto número de horas de trabajo, ¿no querrán las personas dejar de trabajar? Una ya extensa literatura muestra una y otra vez que este no es el caso: el IBU no tiene un impacto relevante en el empleo”.

"También se puede revisar si el nivel más apropiado de focalización es la familia o grupos más amplios, como la comunidad o la localidad. Por ejemplo, parece natural no distinguir entre niños y niñas en una misma escuela en los programas de alimentación o en la Subvención Escolar Preferencial”.

"Tuve la oportunidad de ser miembro de la comisión Marcel. Al menos yo —no sé qué piensan mis colegas consejeros—, nunca imaginé al redactar nuestro informe que el riesgo que acarreaba la inacción sería el de una antirreforma, el menoscabo de un sistema previsional ya en problemas. Tampoco imaginé este nivel de inacción de la política, no ante una de las demandas más sentidas por la ciudadanía”.

"Lo que viene será central para la cohesión social. Los diálogos, por incómodos que sean, nos harán bien si permiten encauzar apropiadamente la problemática que debilita nuestra cohesión social”.

"La focalización se suele hacer a nivel de individuos o familias, cuando en ocasiones las transformaciones que se requieren para superar la pobreza deben suceder a escalas más amplias, como el territorio o la comunidad. Ello puede generar la sensación de injusticia, en que algunos reciben y otros no, cuando las diferencias entre destinatarios no son evidentes”.

"La problemática del impuesto a la riqueza es más bien práctica. En particular, hay activos que son difíciles de observar por la autoridad, o que son difíciles de valorar, o que son fáciles de mover a otros países. Sin la capacidad de fiscalizar y dependiendo en buena parte del autorreporte, es fácil esconder y cambiar la forma y localización de la riqueza para evitar el impuesto”.

"Para equiparar las condiciones de género hay que hacerse cargo de dificultades específicas. Por ejemplo, el subsidio temporal al empleo podría ser diferenciado por género, o podría ir acompañado de un subsidio al cuidado de niños, adultos mayores u otros dependientes”.