Si bien la pandemia encontró al país en una situación fiscal de corto plazo favorable, el escenario de mediano plazo requiere de atención. En efecto, a inicios de este año el Estado contaba con ahorros equivalentes a alrededor de cinco puntos del PIB y una deuda pública en relación con el producto bastante menor que la de la mayoría de los países similares al nuestro. Adicionalmente, el fisco puede endeudarse hoy a tasas de interés particularmente bajas, por debajo del crecimiento esperado de largo plazo de la economía.

Sin embargo, la estrategia de financiar gasto con un mayor endeudamiento tiene límites: una eventual pérdida del grado de inversión y el consecuente encarecimiento de la deuda. A ello se suma la inercia en el gasto público que desde hace casi una década se ha reflejado en un aumento constante de la deuda pública bruta sobre el PIB. La regla fiscal, muy útil como guía hasta hace unos años, ha perdido su eficacia y también su credibilidad.

En este contexto, es importante construir acuerdos para la solvencia fiscal. Un primer elemento es que el gasto que se realice para enfrentar la crisis sanitaria sea transitorio, que se retire una vez superada la emergencia y sus secuelas. Un segundo elemento es una revisión de la regla fiscal para convenir una guía que sea más simple, transparente y eficaz.

Un tercer elemento es cuánta carga tributaria agregar y cómo hacerlo. Chile requiere de financiamiento para ofrecer un conjunto más robusto de bienes públicos y de mecanismos de protección a sus ciudadanos. También necesita de una estructura de impuestos y de transferencias que permita mejorar de manera significativa la distribución de recursos materiales que resulta de la acción del mercado, como lo hacen los países de la OCDE.

A inicios de noviembre pasado, el ejecutivo y los senadores de la Comisión de Hacienda firmaron un marco de entendimiento que tenía el potencial de sentar las bases para un acuerdo tributario amplio. En esa ocasión acordaron “incrementar progresivamente el aporte de los chilenos de mayores ingresos para financiar la nueva agenda social”, para lo cual se crearía una comisión que haría propuestas concretas. De acuerdo a la información en los medios, la comisión se creó en su minuto, pero aún no ha sesionado.

En el intertanto, un grupo de diputados ha propuesto el establecimiento de un impuesto transitorio al patrimonio de las personas naturales más ricas del país. Hay distintas formas de recaudar desde el capital: con impuestos a las utilidades, a los dividendos y retiros, a las ganancias del capital, a las herencias, a la propiedad, a la riqueza. Cada una tiene sus ventajas y desventajas.

En el caso del llamado “impuesto a los súper ricos”, hay motivaciones teóricas de eficiencia económica y no solo de redistribución para un impuesto así, al menos comparado con un impuesto al retorno de los activos. En un mundo heterogéneo, donde conviven emprendedores que sistemáticamente son muy productivos con otros que no, un impuesto al retorno al capital cobra proporcionalmente más a quien genera más rentabilidad por su esfuerzo que a quien no. Lo contrario sucede con un impuesto a los activos.

Imagine al heredero de una gran fortuna que no está interesado en hacer crecer su riqueza o que no tiene las competencias empresariales de las generaciones anteriores para hacerlo. Cuando el impuesto es al retorno de los activos, este heredero poco emprendedor paga poco o ningún impuesto, pero sí lo hace cuando hay un impuesto al patrimonio. Al contrario, alguien que genera mucha actividad económica es, en términos relativos, castigado cuando los impuestos se cobran al retorno al capital.

La problemática del impuesto a la riqueza es más bien práctica. En particular, hay activos que son difíciles de observar por la autoridad (cuadros o joyas), o que son difíciles de valorar (sociedades no listadas), o que son fáciles de mover a otros países. Sin la capacidad de fiscalizar y dependiendo en buena parte del autorreporte, es fácil esconder y cambiar la forma y localización de la riqueza para evitar el impuesto. La literatura empírica muestra que estos problemas son reales: cuando hay oportunidades de evasión o elusión, los contribuyentes las usan. Dada la real capacidad de nuestro Estado para fiscalizar el cumplimiento hoy de un impuesto así, lo más probable es que su evasión sea importante.

En vista de ello, hay otros caminos disponibles para elevar la recaudación fiscal que requieren de una discusión acabada: ganancias de capital, herencias, diésel, renta presunta y servicios que no pagan IVA, entre otros. Cada una de estas opciones, incluyendo el impuesto al patrimonio, debe analizarse en términos de sus efectos en eficiencia económica, equidad distributiva, recaudación y costos administrativos de implementación. Las autoridades, imagino, también querrán sopesar los costos políticos de cada uno. Lo que no podemos hacer es seguir dilatando acuerdos que aseguren la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.