El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, anunció un aumento salarial del 24,5% que beneficiará a 362 trabajadores de su municipio. La medida ha generado reacciones que han ido desde el cerrado apoyo de la ministra del Trabajo hasta quienes han alertado por el gasto público involucrado.

Tal vez pocas cosas puedan, en realidad, dar más rédito a un político que mejorar los ingresos de las personas. Sin embargo, la discusión a este respecto no es obvia ni puede hacerse de espaldas a la realidad. A nivel macro, reajustes que exceden las posibilidades efectivas de una economía terminan por generar inflación y dejar en peores condiciones a aquellos a quienes se quiso ayudar. La experiencia histórica de Argentina ha sido ejemplo dramático. Pero también un municipio debe ser responsable en estas materias, entendiendo que priorizar las remuneraciones de sus funcionarios implica postergar otras urgencias, particularmente en una comuna con altos índices de pobreza y cuyo financiamiento depende en parte considerable de las transferencias que recibe de otras instancias del Estado.

Así, un anuncio como el del alcalde Toledo debe sustentarse en un plan financiero que aclare de dónde se obtendrán los dineros y cuáles serán los gastos que dejarán de hacerse como consecuencia de la reasignación. Por obvio que parezca, muchas veces los líderes edilicios hacen abstracción de que los recursos son limitados. Es la razón del despilfarro, de la sobrecontratación de personas y de enormes crisis financieras.

En este caso, lamentablemente, la información entregada por el municipio de Puente Alto ha sido confusa. Inicialmente, se dio a entender que estos dineros provendrían de un fondo cuya principal fuente serían los recursos del royalty minero. Ello generó inquietud, pues el sentido de la última Ley de Royalty, que contempla transferencias a más de 300 comunas, fue favorecer la inversión en obras que fueran en directo beneficio de los vecinos, y no mejorar sueldos de funcionarios. Posteriormente, aduciendo errores de tipeo, se ha precisado que los recursos provendrían de los ahorros conseguidos mediante una serie de medidas adoptadas por la administración comunal. De ser así, un uso más eficiente de los recursos será siempre loable; con todo, nuevamente cabe la pregunta respecto de los usos alternativos de tales dineros, al preferirse gastarlos en sueldos y no en atender necesidades de los vecinos.

Frente a ello, el alcalde, en vez de ofrecer respuestas, ha asumido un discurso de tonos populistas, desafiando a sus críticos: “¿De verdad les molesta que los trabajadores de aseo, áreas verdes y operaciones, que están todo el día al sol y en malas condiciones laborales, reciban un salario digno?”, ha dicho.

Claramente a nadie puede molestar que otras personas mejoren sus ingresos. Lo que preocupa es la falta de una explicación fundamentada que garantice que esta sea, efectivamente, la mejor forma de usar recursos que pertenecen a todos los puentealtinos.