La Corte Suprema argentina, en un contundente fallo, confirmó la condena a seis años de cárcel e inhabilitación política perpetua que tribunales de primera y segunda instancia habían impuesto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El pronunciamiento reconoce que los fallos anteriores “se asentaron en la profusa prueba producida”, que las sanciones “tutelan el sistema republicano y democrático”, y que no cabía aceptar el recurso de queja presentado por la defensa. La señora Kirchner respondió con un discurso cargado de insultos, en el cual insistió en que fue víctima de lawfare y de jueces parciales, “monigotes que responden a mandos por encima de ellos”. Lo real es que, después de un proceso que demoró 17 años, la justicia ha emitido un fallo sin precedentes, que además puede tener efectos significativos en la política argentina.

A Cristina Fernández se la acusó de una “administración fraudulenta en perjuicio del Estado” en la denominada Causa Vialidad. Según la justicia, la expresidenta y su marido, Néstor Kirchner, crearon, poco antes de asumir este su mandato, en 2003, una empresa de construcción con el empresario Lázaro Báez, la que ganó mediante irregularidades, entre ese año y 2015, un total de 51 licitaciones millonarias para obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Estas fueron pagadas con sobreprecios de hasta 20 por ciento; además, la mitad de ellas no fueron terminadas. Según los jueces y fiscales que investigaron, la maniobra desfalcó al Estado en unos 70 millones de dólares.

La defensa argumentó que esas decisiones no las tomó la expresidenta, sino que estaban en el presupuesto nacional aprobado por el Congreso, pero la investigación apuntó a un decreto presidencial que modificó un fideicomiso que permitió “una fuente ilimitada de financiamiento” sin aparentes fiscalizaciones, y a unos mensajes de texto que ordenaron “limpiar todo” antes del fin de su mandato. Tras ellos, Báez cobró anticipadamente pagos de obras que nunca se completaron. El empresario también fue condenado, junto a una veintena de personas. Pero a la señora Kirchner todavía le falta enfrentar otros tres juicios por corrupción: el de la causa Hotesur-Los Sauces (que investiga el desvío de las platas de las licitaciones a sus hoteles de la Patagonia), el del memorándum con Irán a propósito del atentado a la Amia (investigación en que trabajaba el fiscal Nieman, que apareció muerto en extrañas circunstancias) y el de los “cuadernos de las coimas” (que tiene relación con las anotaciones del chofer de uno de sus ministros sobre los encargos de recoger platas de sobornos). Probablemente pasen años antes de ver el final de esos juicios, pero con el fallo del martes la justicia ha dado una señal contundente, más aún considerando que la mayoría (9) de los 15 jueces que intervinieron en todo el caso fueron designados por los gobiernos kirchneristas.

Es probable que Cristina Fernández, por su edad y el cargo que ostentó, cumpla la sentencia en prisión domiciliaria, lo cual le permitirá seguir participando en política desde la titularidad del Partido Justicialista, no obstante haber quedado marginada del proceso electoral en el que pretendía postular a un escaño en el legislativo de la provincia de Buenos Aires. Su papel era valorado en el peronismo por su capacidad de atraer el voto partidista, pero también por ser una señal de unidad, en momentos de tensiones internas. Aun así, tras veinte años de liderazgo de los Kirchner, y luego de varias derrotas electorales, el principal partido opositor parecía encaminado a renovarse; el fallo los obliga, al menos por el momento, a mantenerse leales a la expresidenta. Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires, está en la primera línea de reemplazo, pero tendrá que esperar antes de intentar el asalto final. Mucho dependerá del resultado que obtenga en las elecciones de septiembre. En cualquier caso, lo que parece el epílogo de la era K debiera generar una reflexión en distintos sectores de la izquierda latinoamericana —incluidos algunos en nuestro propio país— que quisieron ver una alternativa en el proyecto populista y polarizador que Cristina encarnó.