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Martes 10 de junio de 2025
Chile: Política fiscal insostenible y Estado corrupto
" Todo lo anterior se observa en el gobierno central y en muchas instituciones descentralizadas, empresas públicas y municipalidades. Pero ciertamente no en todo el sector público".
Política fiscal insostenible
Aunque la política fiscal de Chile se ha debilitado desde Bachelet II, bajo este gobierno se ha tornado claramente insostenible en los años 2023-25, como lo documenta el Consejo Fiscal Autónomo(CFA) en su informe del 13 de mayo. No existe memoria de un informe tan lapidario en sus conclusiones, basadas en un análisis técnico riguroso. Reaccionando al informe, el ministro Marcel solo atinó a criticar su tono “inusualmente severo”.
El Gobierno incumplió por mucho sus metas de balance estructural en 2023 y 2024, y es probable que la incumpla nuevamente en 2025. Las simulaciones del CFA muestran que, de mantenerse indefinidamente un déficit estructural de 2% del PIB (que es el lamentable nivel promedio de los últimos 17 años), la deuda pública bruta crecerá ilimitadamente, desde 41,1% del PIB en 2024 hasta 88% en 2075. Pero si el próximo gobierno lograre reducir gradualmente el déficit hasta alcanzar un balance equilibrado a partir de 2029, el nivel de la deuda se estabilizaría en 44,5% del PIB, alcanzando una política fiscal sostenible.
Esta es una tarea gigantesca, que este gobierno no acometerá. El próximo gobierno deberá implementar, a partir del 12 de marzo de 2026, las 12 recomendaciones repetidas y las 14 nuevas planteadas por el CFA en su informe.
Estado ineficiente y corrupto
El uso indebido de recursos fiscales y la mala administración del Estado de Chile se intensificaron sistemáticamente en las últimas décadas. Pero bajo la administración Boric se han alcanzado niveles sin precedentes históricos en ineficiencia, corrupción y fraudes en el Estado. Una casta de empleados públicos, que son miembros de los partidos gobernantes, se ha tomado el empleo público, beneficiándose de condiciones laborales mucho más favorables que trabajadores en empleos privados comparables. Todo lo anterior se observa en el gobierno central y en muchas instituciones descentralizadas, empresas públicas y municipalidades. Pero ciertamente no en todo el sector público. Hay instituciones y jefaturas que desempeñan en forma eficiente y honesta sus funciones, como el CFA, el Banco Central, la Contraloría y (en general) las FF.AA., los Carabineros y la PDI.
En esta columna presento la punta del iceberg de la mala gestión, la corrupción y el robo en el Estado de Chile. Son muchos los casos significativos o emblemáticos que involucran el mal uso o la pérdida de una parte importante (difícil de cuantificar) de los recursos gastados por el Estado.
Sin voluntad ni capacidad del gobierno de Boric para diseñar e implementar una reforma radical del Estado de Chile, la deberá acometer el siguiente gobierno. Ella incluirá, entre otros, seis componentes: 1. Reforma del Estatuto Administrativo que rige el empleo público. 2. Echar a todos los empleados públicos que han cometido fraudes y los que obtengan calificaciones bajas en las futuras (reformadas) evaluaciones de desempeño. 3. Reestructuración del gobierno central y las agencias descentralizadas, incluyendo eliminaciones y fusiones de ministerios y de agencias. 4. Privatización parcial de las empresas públicas. 5. Obligación de información completa y transparencia plena de todos los estados financieros y gastos, así como de todos los contratos (contenido, ejecución y evaluación) de todo el Estado, a excepción de algunas partidas relativas a defensa y seguridad. 6. Revisión y reforma de todos los programas de gasto del Estado.
Aunque la política fiscal de Chile se ha debilitado desde Bachelet II, bajo este gobierno se ha tornado claramente insostenible en los años 2023-25, como lo documenta el Consejo Fiscal Autónomo(CFA) en su informe del 13 de mayo. No existe memoria de un informe tan lapidario en sus conclusiones, basadas en un análisis técnico riguroso. Reaccionando al informe, el ministro Marcel solo atinó a criticar su tono “inusualmente severo”.
El Gobierno incumplió por mucho sus metas de balance estructural en 2023 y 2024, y es probable que la incumpla nuevamente en 2025. Las simulaciones del CFA muestran que, de mantenerse indefinidamente un déficit estructural de 2% del PIB (que es el lamentable nivel promedio de los últimos 17 años), la deuda pública bruta crecerá ilimitadamente, desde 41,1% del PIB en 2024 hasta 88% en 2075. Pero si el próximo gobierno lograre reducir gradualmente el déficit hasta alcanzar un balance equilibrado a partir de 2029, el nivel de la deuda se estabilizaría en 44,5% del PIB, alcanzando una política fiscal sostenible.
Esta es una tarea gigantesca, que este gobierno no acometerá. El próximo gobierno deberá implementar, a partir del 12 de marzo de 2026, las 12 recomendaciones repetidas y las 14 nuevas planteadas por el CFA en su informe.
Estado ineficiente y corrupto
El uso indebido de recursos fiscales y la mala administración del Estado de Chile se intensificaron sistemáticamente en las últimas décadas. Pero bajo la administración Boric se han alcanzado niveles sin precedentes históricos en ineficiencia, corrupción y fraudes en el Estado. Una casta de empleados públicos, que son miembros de los partidos gobernantes, se ha tomado el empleo público, beneficiándose de condiciones laborales mucho más favorables que trabajadores en empleos privados comparables. Todo lo anterior se observa en el gobierno central y en muchas instituciones descentralizadas, empresas públicas y municipalidades. Pero ciertamente no en todo el sector público. Hay instituciones y jefaturas que desempeñan en forma eficiente y honesta sus funciones, como el CFA, el Banco Central, la Contraloría y (en general) las FF.AA., los Carabineros y la PDI.
En esta columna presento la punta del iceberg de la mala gestión, la corrupción y el robo en el Estado de Chile. Son muchos los casos significativos o emblemáticos que involucran el mal uso o la pérdida de una parte importante (difícil de cuantificar) de los recursos gastados por el Estado.
Sin voluntad ni capacidad del gobierno de Boric para diseñar e implementar una reforma radical del Estado de Chile, la deberá acometer el siguiente gobierno. Ella incluirá, entre otros, seis componentes: 1. Reforma del Estatuto Administrativo que rige el empleo público. 2. Echar a todos los empleados públicos que han cometido fraudes y los que obtengan calificaciones bajas en las futuras (reformadas) evaluaciones de desempeño. 3. Reestructuración del gobierno central y las agencias descentralizadas, incluyendo eliminaciones y fusiones de ministerios y de agencias. 4. Privatización parcial de las empresas públicas. 5. Obligación de información completa y transparencia plena de todos los estados financieros y gastos, así como de todos los contratos (contenido, ejecución y evaluación) de todo el Estado, a excepción de algunas partidas relativas a defensa y seguridad. 6. Revisión y reforma de todos los programas de gasto del Estado.
