Ha comenzado una nueva temporada en el fútbol chileno y no se puede mirar de soslayo un fenómeno generalizado y de consecuencias indeterminadas: prácticamente todos los clubes de la división mayor, y los campeonatos organizados por la asociación que los reúne (la ANFP), promueven en sus camisetas, indumentarias, logos y paletas publicitarias a las empresas de apuestas deportivas en línea.

A nadie parece importarle mucho que en septiembre pasado la Corte Suprema fallara que esas compañías “operan ilegalmente” en el territorio nacional, pues lo hacen “sin fiscalización, sin tributar y sin entregar garantías de seguridad o transparencia”.

Por supuesto que el fenómeno excede con largueza a la industria del fútbol. También a los medios de comunicación, rendidos ante los suculentos beneficios económicos que garantizan esas empresas sin domicilio legal en el país y articuladas desde el extranjero, algunas de ellas desde paraísos fiscales.

No se trata de establecer juicios morales. Ni siquiera manifestar una postura respecto del veredicto de la Corte Suprema, que estuvo fundado en el motivo comercial del recurso de protección presentado por la Lotería de Concepción —que obligó a las empresas de telecomunicaciones a bloquear los sitios de apuestas—; más que en poner foco y freno a una enfermedad subyacente con enorme impacto en las familias que la padecen: la ludopatía, que según las estimaciones de los organismos especializados ha crecido exponencialmente en los últimos años.

Mandatadas por la justicia, que solo considera legales las apuestas de Polla Chilena de Beneficencia, Lotería, hipódromos y casinos autorizados, en noviembre pasado las empresas proveedoras de internet cerraron el acceso a los “sitios prohibidos”. Pero sin ningún resultado en la práctica: las casas apostadoras cambiaron la dirección URL para continuar fomentando su negocio, que parece en franco desarrollo, sin control aparente e invirtiendo sin disimulo en la industria de la entretención y el espectáculo, entre otras.

Lo que sucede con los juegos de azar deportivos ‘on line’ en Chile es un ejemplo poco cuestionable de cómo un dictamen de su máximo tribunal no se hace carne ni tiene efecto en la realidad.

Los defensores de las casas de apuestas sostienen que el problema de fondo es que las autoridades locales siempre estuvieron de acuerdo en prohibirlas, cuando lo que exige el nuevo orden es regularlas.

Y si bien desde hace casi cuatro años está en trámite el proyecto de ley que justamente pretende normar la operación de esas plataformas, se necesita con más urgencia que los tiempos de la legislatura que las casas de apuestas salgan de la zona gris en la que funcionan actualmente, porque no puede ser deseable, conveniente ni saludable para el desarrollo de cualquier actividad que uno de sus mayores sostenes económicos provenga de un negocio que la justicia considera ilícito.