Tal como ocurre cada seis meses desde que Sergio Jadue se entregó a la justicia de Estados Unidos, a fines de 2015, y confesóhaber cometido delitos de corrupción, la lectura de su sentencia fue otra vez pospuesta: ahora fue reagendada para el 25 de abril de 2023.

El calerano suma ya catorce postergaciones y como el nuevo aplazamiento perfectamente podría no ser el último, los plazos para rendir cuentas en Chile cada vez son más estrechos.

El Servicio de Impuestos Internos (SII), por ejemplo, inició procesos judiciales penales y civiles en 2016, que arriesgan quedar en nada por los plazos de prescricpción que están corriendo.

Si bien en ambos casos la ley fija cinco años para el cierre de la causa, los plazos llegan al doble el cuando el imputado se encuentra fuera del país.

Consultado por este diario, el SII aclaró que la arista penal fue iniciada con una querella criminal el 1 de abril de 2016 por “presentación de declaraciones de impuesto a la renta maliciosamente falsas o incompletas, al omitir ingresos por más de US$ 1,6 millones percibidos mediante una sociedad constituida en Islas Vírgenes Británicas”.

A nombre de dicha sociedad de papel, Jadue depositó el dinero de los sobornos recibidos por favorecer contratos de empresas asupiciadoras de torneos de la Conmebol, y lo hizo en el banco UBS de Miami, hebra que llevó al chileno a ser perseguido en territorio estadounidense.

Luego, el 17 de enero de 2017, el SII amplió la querella por los años tributarios no comprendidos en la primera acción judicial, y el 18 de enero de ese mismo año, “el imputado (Jadue) fue formalizado en ausencia, con fines de extradición, siendo acogida dicha solicitud por parte del 13° Juzgado de Garantía de Santiago y confirmada por la Corte de Apelaciones el 26 de enero de 2017”.

“Hasta la fecha, el imputado sigue en Estados Unidos, manteniéndose pendiente su extradición a territorio nacional. Atendido lo dispuesto en el artículo 100 del Código Penal (norma que regula el plazo de prescripción de la acción penal para las personas que se encuentran ausentes del territorio de la República) y considerando la fecha del último ilícito cometido por Jadue, la prescripción ocurriría en mayo de 2026”.

Similar suerte corre para la arista civil para el cobro de tributos. “No se han terminado los plazos que tiene el SII para girar los impuestos adeudados. De hecho, existe una norma especial en la Ley de Impuesto a la Renta (artículo 103) que extiende hasta los 10 años el plazo de prescripción de las acciones del fisco cuando el contribuyente se ausenta del país. Es decir, en este caso habría plazo hasta 2026 para girar los impuestos correspondientes. El cálculo inicial de los montos defraudados por Jadue alcanza a $383 millones”, cierra Impuestos Internos.