“Estoy tranquilo. He estado siempre disponible ante las autoridades. Sé lo que he hecho”, decía Michael Mark Clark Varela a su llegada a los tribunales de justicia en la mañana de este jueves.

Lo que ha hecho, según indicó la Fiscalía en la formalización que comenzó en esta jornada, fueron seis delitos: administración desleal, entrega de información falsa, negociación incompatible, fraude a la omisión de OPA, lavado de activos y contrato simulado.

Clark Varela es uno de los once acusados por el Ministerio Público en el caso Sartor, y uno de los de más alto perfil junto con Pedro Pablo Larraín Mery, el ex controlador del grupo financiero.

La Fiscalía estima que los perjuicios a los afectados por este caso superan los 200 millones de dólares, y entre las opciones que evalúa está la solicitud de prisión preventiva para Larraín Mery y Clark Varela.

El caso judicial en marcha toca directamente la propiedad de Azul Azul, la concesionaria del Club de Fútbol de la Universidad de Chile.

En abril de 2021, el Fondo de Inversión Privado Tactical Sport adquirió el 63,07% de las acciones de la empresa mediante un proceso de Oferta Pública de Adquisición de Acciones, lo que se financió con dineros provenientes de los fondos públicos Sartor Táctico, Leasing y Proyección, algo de lo que no estaban enterados los aportantes.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) intervino en noviembre de 2024, cuando detectó que una parte relevante de los recursos de los fondos mutuos y de inversión públicos administrados por Sartor AGF financiaron créditos emitidos por personas vinculadas a los directores y accionistas mayoritarios de la sociedad. Por ello, revocó su existencia y sancionó a sus principales ejecutivos. Clark Varela, por ejemplo, recibió una multa de 65 mil UF.

Un mes después, el propio Clark Varela compró el 90% de las cuotas de Tactical Sport a través de su propia sociedad, Inversiones Antumalal, la que ya tenía un 10%, con lo que pasaba a ser el único controlador de Azul Azul. Para la Fiscalía, esto se trató de una maniobra para evitar que los acreedores de Sartor pudieran embargar las acciones del club.

Sin embargo, este miércoles, Azul Azul comunicó la resciliación de esa compra. Es decir, se anuló. Con ello, el 90% de Tactical Sport sigue en manos de Asesorías e Inversiones Sartor, que enfrenta un proceso de liquidación en los tribunales civiles por una millonaria deuda con BCI Corredores de Bolsa. La sociedad es administrada hoy por el liquidador Eduardo Godoy y sus acciones están embargadas.

De hecho, en la página web de la CMF ya no figura Tactital Sport como máximo accionista de Azul Azul, sino que BCI Corredores.

Con todo esto, ¿qué pasará con el directorio de Azul Azul? La actual mesa, presidida por Cecilia Pérez Jara, fue conformada en abril pasado con los votos correspondientes a la propiedad mayoritaria en manos de Michael Mark Clark Varela.

Un reconocido abogado ligado al deporte chileno aclara que “el directorio como órgano es independiente de los accionistas que lo eligen, con conformidad a la ley 18.046 que rige a las sociedades anónimas. Su vigencia tiene un máximo de tres años y solo puede haber una modificación en caso de que un director renuncie. Si eso sucede, se elige un directorio nuevo en la siguiente junta de accionistas”.

Aunque los propios estatutos de Azul Azul, en su artículo 36, indican que “el directorio podrá ser revocado en su totalidad antes de la expiración de su mandato por acuerdo de la junta ordinaria o extraordinaria de accionistas”, Cecilia Pérez dejó en claro su intención de permanecer en el cargo pese al escándalo que afecta al accionista que la llevó a esa función.

“Tenemos la convicción de seguir adelante con el mandato y el compromiso que tenemos no solo en términos legales, sino también un compromiso humano con jugadores y funcionarios, que ante este tipo de noticias sin duda se preocupan y se angustian”, indicó la abogada.

Si bien Perez reconoció que “no es un momento fácil ni agradable”, insistió en que “estamos más unidos que nunca para seguir sacando adelante al club. Cuando hay un pasión y un cariño real hacia el club, es lo que tenemos que hacer. Lo más fácil es dar un paso al costado, pero nosotros tenemos el compromiso y responsabilidad de cumplir con las personas del club. Tenemos un mandato legal y una responsabilidad institucional y lo vamos a ejercer hasta el último día. La responsabilidad con este club va mucho más allá que el cumplimiento de la ley cuando hay convicción y pasión”.

En cuanto a los caminos que puede seguir el interventor Eduardo Godoy, los que podrían llevar a que las acciones pasen a nuevas manos, Pérez indicó que “no corresponde que me refiera a lo que tenga que hacer el liquidador. Ponerme en lo que pueda pasar en el futuro no es lo correcto, es ponerse en un escenario de ficción”.

Pérez también defendió a Marcelo Díaz de “la violencia digital” que ha recibido por su cercanía con Michael Clark, pero no quiso opinar del formalizado empresario. “De ‘Mike’ me he referido muchas veces y ya es suficiente”.

Azul Azul tiene la concesión para administrar el club de fútbol de la Universidad de Chile hasta 2052. El contrato original, firmado el 15 de mayo de 2007, establecía una vigencia de 30 años de ese convenio, los que podían extenderse por 15 más en caso de pagar la deuda de la Corfuch con la Tesorería General de la República, lo que ocurrió en enero de 2023.

¿Puede la Casa de Estudios terminar antes el contrato? Sí, pero para que eso ocurra deben producirse ciertas causales.

Entre ellas están la “insolvencia o quiebra” de la concesionaria o la “fusión o división de la sociedad sin el consentimiento de la Universidad de Chile”, una figura en la que podría estar la operación financiera que se investiga por estos días en la justicia.

Otra posible causal es la que habla del resguardo de “los principios y valores” de la Casa de Estudios.

En esta línea, este jueves se pronunció la prorrectora de la Universidad de Chile, la académica mexicana Dorotea López Giral, quien manifestó que “hemos monitoreado permanentemente la situación. Los hechos del caso Sartor no son indiferentes para la Universidad. Cualquier hecho que dañe nuestra imagen y se aleje de nuestros valores y principios es rechazado por toda la comunidad universitaria (...). Me compete esperar el informe final en derecho para emitir un pronunciamiento definitivo sobre las acciones a seguir en torno al convenio”. Esto, en relación al trabajo encargado al abogado Andrés Jana.

López Giral concluyó con una advertencia: “Independientemente de quién controle Azul Azul y de los últimos eventos sobre la resciliación de la operación de compra de las acciones, la Universidad de Chile debe revisar su relación con la concesionaria para resguardar que esto no vuelva a ocurrir. Cualquier acción reñida con la ley nos exige actuar con firmeza y rigor en defensa del prestigio institucional”.

Y un alcance final: la rectora Rosa Devés delegó el tema en la prorrectoría para no caer en un conflicto de intereses, pues una de sus sobrinas es querellante en el caso Sartor al perder los ahorros invertidos en la cuestionada empresa...