Concepción vs. Melipilla: un explosivo audio entra a la pelea
La batalla sigue este martes en el Tribunal. Una grabación atribuye a agentes del club lila una jugosa oferta de contrato para Brandon Cáceres a cambio de denunciar el no pago de cotizaciones. El jugador firmó declaración jurada: acusa mal uso de documentación privada.
En pie de guerra. Con bombas de un lado y morteros del otro. Los escritorios de la Segunda Profesional tambalean.
La reyerta principal comenzó cuando el melipillano Brandon Cáceres tramitaba un crédito hipotecario, ocasión en que obtuvo los papeles en que apareció la morosidad previsional, origen de la denuncia lila.
¿Cómo llegaron esos documentos a manos de Concepción? El futbolista, vía declaración jurada fechada el 25 de noviembre, señala que lo que el elenco penquista presentó como prueba es información privada enviada sin autorización al “León de Collao”.
“Dichos antecedentes fueron entregados de buena fe por el suscrito a un intermediario para obtener un crédito, pero nunca para servir de base para una denuncia, o que fueran expuestos públicamente, o ante un tribunal ordinario o de la ANFP. Se los entregué a un gestor del crédito quien hizo mal uso y no autorizado”, se lee en el documento en que denuncia vulneración de derechos constitucionales y en que también advierte que el Tribunal de Disciplina no puede tener conocimiento de su contenido por tratarse de una “prueba ilícita al no estar consentida su utilización por el suscrito”.
El futbolista, afirman, le pasó dichos documentos para el trámite bancario al intermediario de iniciales A. J. —bien conocido por personeros de Concepción, se indica, pues trabajaron juntos hace unos años en Melipilla—, quien sería clave en la trama: acusan que el 18 de noviembre pasado telefoneó a Cáceres con una tentadora propuesta de contrato, “la oportunidad de su vida”: $4 millones al mes por dos años más un bono, según se señala, por encargo de dos altos ejecutivos del denunciante Deportes Concepción.
La oferta tendría como fin que Cáceres acusara a su club, Melipilla, ante el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) por el no pago de sus cotizaciones, haciendo estallar el caso.
Si bien el deportista no aceptó el trato, la llamada de A. J. con dicha oferta, afirman, fue grabada, y un audio circula junto a una transcripción en que A. J., además de pedir el 10%, sugiere a Cáceres que si no quiere irse a Deportes Concepción —porque se vería feo que apareciera allá—, cobrara igualmente el dinero a los lilas por la denuncia, para buscarle luego un cupo en otro club, como Puerto Montt o incluso Rengo, donde uno de los personeros penquistas aludidos tendría influencia económica.
Aunque el audio en que el intermediario atribuye la oferta a Deportes Concepción es desmentible por el club sureño, la controvertida grabación enturbia un caso que, en lo medular, mantiene el fondo: Melipilla incumplió la norma en el pago de cotizaciones previsionales, irregularidad no advertida a tiempo por Unidad de Control Financiero (UCF) de la ANFP, único organismo facultado para denunciar dentro de plazos establecidos. Si la UCF denuncia a Melipilla, en el Tribunal advierten que las sentencias de resta de puntos emanadas una vez terminado un campeonato, se computan en la temporada siguiente.
Deportes Concepción acusó a Melipilla por incumplimiento en el pago de leyes sociales de siete futbolistas, pide la resta de puntos en 2024 —y por ende el ascenso a Primera B que perdieron ante los “Potros” por penales— y, en otra arista surgida esta semana, la cancelación de la licencia de clubes por “falsificación” de la declaración de deudas.
¿Cómo llegaron esos documentos a manos de Concepción? El futbolista, vía declaración jurada fechada el 25 de noviembre, señala que lo que el elenco penquista presentó como prueba es información privada enviada sin autorización al “León de Collao”.
“Dichos antecedentes fueron entregados de buena fe por el suscrito a un intermediario para obtener un crédito, pero nunca para servir de base para una denuncia, o que fueran expuestos públicamente, o ante un tribunal ordinario o de la ANFP. Se los entregué a un gestor del crédito quien hizo mal uso y no autorizado”, se lee en el documento en que denuncia vulneración de derechos constitucionales y en que también advierte que el Tribunal de Disciplina no puede tener conocimiento de su contenido por tratarse de una “prueba ilícita al no estar consentida su utilización por el suscrito”.
El futbolista, afirman, le pasó dichos documentos para el trámite bancario al intermediario de iniciales A. J. —bien conocido por personeros de Concepción, se indica, pues trabajaron juntos hace unos años en Melipilla—, quien sería clave en la trama: acusan que el 18 de noviembre pasado telefoneó a Cáceres con una tentadora propuesta de contrato, “la oportunidad de su vida”: $4 millones al mes por dos años más un bono, según se señala, por encargo de dos altos ejecutivos del denunciante Deportes Concepción.
La oferta tendría como fin que Cáceres acusara a su club, Melipilla, ante el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) por el no pago de sus cotizaciones, haciendo estallar el caso.
Si bien el deportista no aceptó el trato, la llamada de A. J. con dicha oferta, afirman, fue grabada, y un audio circula junto a una transcripción en que A. J., además de pedir el 10%, sugiere a Cáceres que si no quiere irse a Deportes Concepción —porque se vería feo que apareciera allá—, cobrara igualmente el dinero a los lilas por la denuncia, para buscarle luego un cupo en otro club, como Puerto Montt o incluso Rengo, donde uno de los personeros penquistas aludidos tendría influencia económica.
Aunque el audio en que el intermediario atribuye la oferta a Deportes Concepción es desmentible por el club sureño, la controvertida grabación enturbia un caso que, en lo medular, mantiene el fondo: Melipilla incumplió la norma en el pago de cotizaciones previsionales, irregularidad no advertida a tiempo por Unidad de Control Financiero (UCF) de la ANFP, único organismo facultado para denunciar dentro de plazos establecidos. Si la UCF denuncia a Melipilla, en el Tribunal advierten que las sentencias de resta de puntos emanadas una vez terminado un campeonato, se computan en la temporada siguiente.
Antonio Valencia
es redactor de Deportes El Mercurio.
