Una reunión especial celebró en el Congreso la comisión de Salud del Senado, a la que asistió la ministra del ramo junto a varios personeros, con el fin de comenzar a analizar los planes del Gobierno para superar la crisis por la que está atravesando el sector. La idea del Gobierno, hasta ahora, ha sido la de enviar un proyecto de ley que aborde dos materias relacionadas, pero que apuntan a problemas muy diferentes. Por una parte, se pretende dar solución a la deuda que un fallo de la Corte Suprema les impuso a las isapres, y por otra, se busca fortalecer Fonasa mediante la creación de una nueva opción para sus afiliados. Con esta última, se trataría de aumentar la cobertura del seguro estatal ante los prestadores privados mediante un cobro adicional, semejante a lo que hoy hacen las isapres, por encima del 7% al que obliga la ley.

No parece una buena idea amarrar las dos propuestas en un solo proyecto, puesto que la aprobación de una no incide mayormente en la otra, ni la celeridad con que se requiere una de esas soluciones guarda relación con la urgencia que podría afectar a la segunda. La crisis de salud ha sido desatada por un fallo de la Corte Suprema, que al dictaminar sobre un recurso de protección hizo extensiva su decisión a todas las personas adscritas a las isapres. De esta forma, quienes no han presentado nunca una queja en contra de estas instituciones deben recibir devolución de un dinero que no han solicitado, lo que ha creado una deuda de proporciones para las aseguradoras, muchas de las cuales, según lo afirman ellas, están en serio peligro de caer en falencia. El ministerio ha hecho cálculos, que nadie ha intentado comprobar, que indican que la deuda total del sistema de isapres sería de 1.400 millones de dólares. La solución a este dilema es urgente, pues el alto tribunal dio un plazo de seis meses para que la superintendencia disponga la forma exacta en que se devolverán esos dineros.

La idea respecto de Fonasa no tiene una premura comparable, pues se trata de mejorar un sistema de salud que hasta ahora ha funcionado con una deficiencia muy seria que nada tiene que ver con la cobertura, sino más bien con la falta de médicos especialistas. Así, se forman largas filas de espera para resolver los problemas, en especial los que tienen una solución quirúrgica. Al aumentar las coberturas financieras, en cuanto a porcentaje, es posible que puedan ampliar sus convenios con nuevos prestadores que se habían mantenido al margen del Fonasa. Pero es algo que tendría que probarse sobre la marcha, lo que aconseja realizar un piloto en algunas regiones antes de dar el paso. Pero también es probable que aumenten más los interesados en probar el nuevo sistema que los médicos dispuestos a ofrecer sus servicios, con lo que podría hacerse aún más grave el colapso de las atenciones.

Aumentar los seguros de Fonasa tendría también el posible inconveniente de irrogar más gastos fiscales, puesto que se trata de un asegurador fuertemente subsidiado por el Estado. En caso de que los cálculos en que se basa este proyecto no resulten ser los apropiados, es perfectamente posible que el Estado tenga que hacerse cargo de los nuevos gastos. Aunque existe la creencia generalizada de que en salud la elasticidad de la demanda es casi inexistente, todas las investigaciones muestran lo contrario y pequeñas variaciones en los precios producen cambios sustanciales en la demanda de servicios, de modo que calcular con anticipación cuánto se modificará no es una tarea fácil.