Señor Director:

Carlos Peña ha comentado críticamente (columna de ayer) la sentencia de la Corte Suprema que declaró ilegal la autorización a interceptar el teléfono de la señora Huneeus en el caso Procultura. Peña reprocha al voto de mayoría de la Corte no haber aportado demasiadas razones. Omite que dicho voto parte validando las razones ofrecidas por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que hace suyas, “haciéndose por tanto innecesaria su reiteración”. La crítica al voto de mayoría exige hacerse cargo de las razones así incorporadas por referencia. Cosa que el voto disidente no hace; tampoco Peña.

La pregunta del caso era: ¿puede un juez autorizar interceptar conversaciones telefónicas de una persona respecto de quien no existen sospechas de que haya participado en delito alguno?

La Corte de Antofagasta, y con ella la mayoría de la Corte Suprema, respondieron negativamente. Y tienen razón. Según la ley, solo puede autorizarse la interceptación de conversaciones telefónicas de una persona respecto de quien existen fundadas sospechas de que haya participado en un crimen o esté preparando su comisión. La Corte constató que no se le había imputado a Huneeus participación en delito alguno. Y dedujo con lógica elemental que la interceptación telefónica había sido ilegal.

El voto de minoría de la Corte Suprema evadió esta cuestión. No ofreció razón alguna que justifique que la Corte de Antofagasta haya errado al estimar que la ley solo autoriza la interceptación telefónica de imputados. ¿Cómo puede Carlos Peña sostener que ese voto “se esmera por razonar”?

Rodrigo P. Correa G.
Adrián Schopf
Samuel Tschorne
Profesores Facultad de Derecho
Universidad Adolfo Ibáñez