Días agitados vive la dirigencia del fútbol chileno, luego de un movido consejo de presidentes, en el que se debatieron los alcances de la ley que reforma el funcionamiento de las SADP y que promueve la separación de la ANFP y la Federación, entre otras medidas. La jornada del martes venidero en la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados tiene inquieta a la cúpula de los clubes.

Además, ahora se suma un nuevo foco de conflicto: la polémica por el cobro de derechos de formación que establece el fútbol joven.

Provincial Osorno, club de la Segunda División Profesional, acudió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para pedirle su pronunciamiento por el artículo 44 del reglamento del fútbol joven de la ANFP, que establece un monto de 30 mil dólares por cada año de formación que pasó un jugador en un equipo, cifra que el club que adquiera el pase de un futbolista debe pagar al elenco de origen.

El TDLC, por su parte, remitió el tema a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que realizó una investigación y presentó un informe en el que concluye que dicha cifra es “desproporcionada”.

“En este caso vemos con claridad que la regulación deportiva está operando como una barrera que limita la movilidad de los jugadores en formación. Esto no solo afecta sus carreras, sino que también la competitividad de los clubes y del fútbol profesional chileno en su conjunto”, sostuvo Jorge Grunberg, fiscal nacional económico.

Entre los antecedentes a considerar, la FNE marca que “a diferencia de la regulación de la FIFA, la ANFP no reconoce internamente distinciones entre categorías de clubes, su tamaño, patrimonio y/o ingresos”, y recuerda que existe un límite salarial de $23 millones mensuales para los clubes de 2ª División, por lo que el cobro de 30 mil dólares por año de formación es una cifra “claramente desproporcionada y excede la capacidad financiera que un club de dicha categoría puede solventa”. Es el caso de Deportes Rengo, que fue sancionado por la ANFP a pagar 120 mil dólares a Audax Italiano por los derechos de formación del delantero Massami Gutiérrez, con el añadido de perder tres puntos por cada semana en que no cumpla el fallo del Tribunal de Disciplina.

Si bien el documento de la FNE no es vinculante, Hugo Muñoz, director de Provincial Osorno, considera que “esto es un antecedente muy poderoso que debiera tener en cuenta el TDLC al momento de resolver la consulta planteada por el club. Además, hay otros equipos de Primera B y Segunda División que están pidiendo hacerse parte del procedimiento. El caso de Rengo es muy fuerte, pues hay una sanción leonina”.

En el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) también recibieron el informe con beneplácito. “En la práctica, el artículo 44 del reglamento de fútbol joven restringe gravemente la empleabilidad de los jugadores. Además, vulnera la libre competencia y no se ajusta a los estándares de la FIFA. Como Sifup, ya hemos aportado estos antecedentes al TDLC, porque creemos que esta situación debe corregirse con urgencia”, indica el presidente de la entidad gremial, Luis Marín.

En otro plano, el debate sobre lo sucedido el martes en el consejo de presidentes se mantiene.

Algunos asistentes afirman que la comisión de clubes que analizó el tema de la ley SADP (U. Católica, Coquimbo, Iquique, U. de Concepción y Rangers) “se ha convertido en una especie de gobierno paralelo dentro de la ANFP” y que amenazó con censurar a la mesa si no aceptaban los nombres que ellos proponían para tomar el control de los cuatro cupos del profesionalismo en la Federación, en una maniobra que Jorge Yunge, secretario general de Quilín reaccionó calificándola como “un intento de golpe de estado”.

Jorge Uauy, presidente del elenco árabe, indica que “en este consejo no hubo un golpe de estado ni nada parecido, nadie le pidió la renuncia a nadie. Sí, fue un consejo duro, pero dentro del ambiente lógico cuando se tratan temas duros. Está el tema de la ley SADP, que un par de consejeros dijeron que la comisión no los representaba, pero fue un hecho aislado. En el tema de las vacantes en el directorio, no estaba muy claro el mecanismo sobre si los nombres los debía proponer la mesa o el consejo, y ante esa duda, finalmente se optó por postergarlo”.

Por su parte, Agustín Lorenzetti, titular de la U de Conce, manifestó que “en estos temas siempre hay discusiones, pero en el marco de respeto. Que se diga que hubo un intento de golpe de estado o censura es gravísimo, porque nosotros respetamos la institucionalidad. Veo que hay una intención de generar un relato de buenos y malos y eso no está bien”.

Sobre el rol “golpista” de Juan Tagle, presidente de Cruzados, el argentino de la U penquista sostuvo que “lo conozco hace dos años y jamás lo vi en eso que dicen, es una persona súper correcta”, mientras que Uauy indicó que “obviamente hay intereses creados detrás de estas acusaciones, no hay otra explicación”.