Señor Director:

El rector Carlos Peña pone en igual plano el deber pluralista al interior de una universidad del Estado con las exigencias de un ideal normativo en universidades católicas, que impone ciertas obligaciones. En ambas, no es el carácter jurídico, sino la vocación por el bien común de la sociedad, en virtud de sus tareas institucionales de cultivo y transmisión del conocimiento, lo que define su carácter público.

Sin embargo, una universidad católica, en cuanto cuerpo intermedio o asociación, responde a un ideario determinado, hay una identidad que la inspira, es decir, una razón de ser y de existir que condiciona “su” visión del mundo y de lo cual emana el deber de exigir a su comunidad universitaria ciertos cánones de conducta.

Por ello, no es incorrecto, como sostiene el rector Peña, que un órgano colegiado de una universidad con ideario propio, como lo ha hecho la Facultad de Derecho de la UC, exprese su opinión contraria a un texto constitucional que vulnera principios fundamentales. Como la máxima de Tomás Moro, “un fiel servidor de mi Rey, pero primero de Dios”, la conciencia crítica de su catolicidad no puede quedar subordinada a un “todo vale”. En cambio, una universidad estatal, creada por el poder público, no es el resultado del derecho de asociación y, por tanto, carece de la misma autonomía de la cual goza una universidad católica como cuerpo intermedio de la sociedad, y, en consecuencia, no le es lícito expresar su apoyo o rechazo a la propuesta político-constitucional que se someterá a plebiscito.

Carlos Williamson
Profesor titular
Pontificia Universidad Católica de Chile