Ya es realidad. El proyecto que modificó la ley 20.019, que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, fue aprobado en todos sus trámites legislativos y está pronto a ser promulgado, con un plazo de 18 meses para dictar un reglamento y que el fútbol ordene sus estatutos de acuerdo con lo que marque el cuerpo legal.

El avance de esta reforma tiene contentos a casi todos: el Ministerio del Deporte (en los gobiernos de Gabriel Boric y José Antonio Kast) la apoyó con fuerza; también sonríen los sindicatos de futbolistas masculinos y femeninos, la ANFA y el grueso de la opinión pública, cansada de una industria marcada por la opacidad y con constantes fracasos deportivos.

¿Quién está en contra? El fútbol profesional, que reclama que no fue escuchado en el debate y ve con terror la pérdida de poder sobre la selección chilena, con la atractiva cantidad de recursos que esta mueve. Aun en medio de la crisis que la ha llevado a quedar afuera de tres mundiales consecutivos, los derechos televisivos de la Roja se transaron en US$ 27 millones y sus derechos comerciales, en US$ 40 millones.

Si el fútbol profesional, representado en el Consejo de Presidentes de la ANFP, fue marginado del debate, es en buena medida por su propia responsabilidad.

Como cuando un equipo enfrenta a un rival muy inferior, los clubes se dejaron estar y confiaron en que el proyecto seguiría empantanado en el Congreso. Mal que mal, la iniciativa fue presentada en 2016, “durmió” por mucho tiempo y recién en enero de 2025 fue reactivada en el Senado con las indicaciones que irritaron a los dirigentes.

En todos estos años, el fútbol dejó pasar la oportunidad de corregir por sí mismo los problemas que abordaba el proyecto: la multipropiedad, la presencia de representantes en el control de los clubes y la separación de la ANFP con la federación, todas promesas de los dirigentes que nunca se concretaron, bloqueadas por los propios integrantes del Consejo.

Todo esto, sumado a la pésima imagen que arrastra la dirigencia (gracias Sergio Jadue), llevó a que el debate en el Congreso fuera conducido por Matías Walker casi sin contrapeso, ante parlamentarios no necesariamente expertos en los recovecos del balompié. La senadora Luz Ebensperger pidió en su momento “que le explicaran cómo funciona el fútbol” y a la hora de las votaciones hubo diputados que en sus argumentos hablaban de cualquier cosa, menos de lo que decía la ley.

Pero se aprobó. Y ahora hay que lidiar con los efectos de la ley. No es perfecta. Ninguna lo es, aunque sí va en la dirección correcta en lo general. También hay cosas que indica que pueden quedarse solo en las intenciones: la famosa “transparencia” sobre la propiedad no es más que una declaración jurada que deben presentar los clubes y el rol fiscalizador de la CMF excede a la capacidad del organismo, como lo advirtió en el debate legislativo su presidenta, Solange Berstein.

La batalla que le queda al fútbol profesional estará en la elaboración del reglamento, aún sabiendo que va a contramano de lo que piensan el resto de los llamados a participar en la mesa del Mindep. Un ejemplo: el senador Walker dice que la misma ANFP debe determinar cómo se organizará en su conversión a sociedad anónima, incluyendo la forma en que se traspasarán las acciones cuando los clubes asciendan o desciendan. Y ahí está lo más difícil: que los propios dirigentes del fútbol chileno se pongan de acuerdo.