El lunes 14 de abril, el directorio de la ANFP se reunió con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Una jornada en que la autoridad hizo ver a la mesa de Quilín la preocupación del Gobierno por la crisis de violencia en los estadios. En la visita se planteó el cambio que genera la nueva estructura legal que rige los espectáculos masivos, dentro de la cual se encuentra el fútbol profesional.

Modificaciones en las que también se verán afectadas las empresas de seguridad, que hasta ahora muestran una enorme incapacidad para responder a las exigencias de eventos con alta convocatoria. Lo normal es que el mensaje del próximo escenario fuera comunicado de manera inmediata a los clubes. Sin embargo, hasta este viernes, un par de instituciones confidenciaban no haber recibido ninguna información de la reunión con el secretario de Estado.

Su molestia no es menor. En rigor, ellos serán los que tendrán que implementar las políticas que surgen del marco regulatorio que entra en vigor por el nacimiento de la nueva institucionalidad. Los clubes tienen una responsabilidad. A partir de los sucesos en el estadio Monumental, que terminaron con la muerte de dos hinchas de Colo Colo, y la visita de Pablo Milad y su directorio al ministro Cordero, lo mínimo era que exigieran un resumen de lo tratado.

La actividad se encuentra en el momento más complejo de su casi centenaria historia. En el fútbol parece no existir conciencia de que, de prosperar la acusación constitucional en contra del delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, por los hechos del partido entre Colo Colo y Fortaleza, los torneos se detendrían casi de inmediato. ¿Qué delegación presidencial estaría dispuesta a autorizar partidos? Ninguna.

La inacción de los dirigentes de los clubes se explicaría en el temor a alguna represalia de Quilín, que los perjudicaría en la cancha, programaciones o denuncias ante los tribunales. “Nadie quiere tener problemas”, dice un dirigente.

El camino para salir del atolladero no es fácil. La Delegación Presidencial Metropolitana hasta ahora no cumple su labor. Optó por descansar en lo que dice Carabineros. En estos días hubo conciencia de la ausencia de parámetros a la hora de evaluar la autorización de un cotejo. El adelantamiento en dos horas del duelo entre Universidad de Chile y La Serena no respondió a ninguna decisión medible. Solo fue la “arrancada con los tarros” de un exgeneral de Carabineros, que encontró la posibilidad de imponer su criterio.

Una minuta conocida ayer sostiene que “Colo Colo no ha presentado diferencias sustanciales en sus propuestas de partidos durante el año 2025, a pesar de los numerosos y graves hechos de violencia que se han producido recientemente. Por parte de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, que autorizó estos encuentros deportivos, no se verificaron cambios sustanciales en las resoluciones exentas que autorizaron los encuentros deportivos, ya sea en la cantidad y gestión de recursos operativos, como en los aforos y elementos de animación solicitados por el organizador. A pesar de lo anterior, Colo Colo ha presentado numerosos y persistentes incumplimientos, tanto en la cantidad de los recursos exigidos como en la gestión de los mismos”.

No más preguntas, señor juez.