El reportaje de Canal 13 que relaciona a una facción de Los de Abajo y uno de sus líderes con la ANFP y Azul Azul ha creado polémica. Según la investigación, que indicaba que la barra de la U tenía un llamado “piño de choque” que funcionaba como “brazo armado” realizando ilícitos, se abrió un flanco que afectaba directamente al ente rector del fútbol chileno y la concesionaria de los azules.

La publicación aseguraba que uno de los cabecillas de la barra, Maykool Muñoz Castro, alias “Eron” y líder de la banda “Ferro Azul” de La Pintana, recibió luz verde desde la ANFP y Azul Azul para que se levantara una sanción que le impedía entrar a los estadios.

Desde Quilín reaccionaron defendiéndose de la acusación. “La ANFP afirma que nunca ha ayudado ni apoyado acción alguna para que el ciudadano Maykool Muñoz Castro sea eliminado del listado de Derecho de Admisión (DDA)”, explicaron en el órgano rector.

En la misma línea se pronunció la U. “El club no ha realizado gestión ni solicitud alguna para que se levanten estas sanciones a personas legalmente sancionadas por los códigos 101 y 102 de la Ley de Estadio Seguro”, aseguró.

El lío comenzó en enero, cuando Muñoz Castro fue identificado por Carabineros como el autor de una agresión a un guardia en el amistoso sostenido entre Coquimbo y la U, en el puerto de la Cuarta Región. Dicha acción le valió la aplicación del derecho de admisión, es decir, quedó impedido de ingresar a los estadios.

Sin embargo, Muñoz Castro habría solicitado luego a Coquimbo que levantara la medida, petición a la que el club “pirata” se manifestó abierto y que trasladó a la ANFP. En un hecho que fuentes conocedoras del caso califican como “inusual”, la ANFP realizó varias consultas para ver si procedía el alzamiento de la medida entre marzo y abril.

Desde Estadio Seguro le recordaron a Quilín que la Delegación Presidencial de Coquimbo había interpuesto una querella contra Muñoz Castro, la que se sumó a la denuncia realizada por Carabineros.

Finalmente la fiscalía de dicha región determinó no perseverar en la causa el 28 de mayo, y el Tribunal de Garantía de Coquimbo le informó el fin de la indagatoria a la Delegación Presidencial el 14 de junio.

Con esos antecedentes, y la anuencia de Coquimbo Unido, la ANFP comunicó el 31 de julio la salida de Muñoz Castro del DDA. Pocos días después el hincha apareció en la lista oficial de personas autorizadas por Azul Azul para ingresar elementos de animación al Estadio Nacional, con ocasión del Superclásico ante Colo Colo, documento que fue exhibido en el reportaje.

No es todo: Muñoz Castro, que ya contaba con antecedentes penales por robo con intimidación, delito por el que cumplió tres años y un día de libertad vigilada, habría participado en marzo en otros hechos de violencia.

Según la fiscalía, en las mismas fechas en que pedía a Coquimbo que lo sacara de la “lista negra”, el barrista fue parte de un grupo que agredió e hirió a fanáticos de Colo Colo en San Miguel y Puente Alto, en incidentes que le costaron la vida a uno de ellos. Por esos hechos, el 11° Tribunal de Garantía de Santiago dictaminó, el 5 de septiembre, el ingreso de Muñoz a prisión preventiva, imputado por homicidio frustrado.

En Quilín diferencian las cosas y aseguran que no se pueden aplicar medidas de admisión por hechos que no ocurrieron en el estadio, como es el caso del homicidio, que de todos modos no conocían al momento de levantarse el DDA. Sí se puede aplicar, por ejemplo, en el caso de la agresión de enero al guardia de seguridad en Coquimbo, pero la denuncia fue desestimada. Eso sí, en mayo, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, propuso que se prohibiera el ingreso de personas con causas pendientes en la justicia, medida que sigue en revisión.

¿Peligra la U de comprobarse algún vínculo ilegal con la barra?

Una eventual resta de puntos es casi imposible: primero, debería haber una denuncia de un club o del Consejo de Presidentes, la que debe ser investigada por la ANFP. Segundo, el reglamento sanciona específicamente las relaciones de traspaso de dinero.