En la Corte Este de Nueva York se ventila desde 2015 uno de los casos de corrupción más escandalosos de la historia reciente, con Sergio Jadue como protagonista confeso de recibir sobornos. Se declaró culpable y espera una sentencia que ya suma once postergaciones: la nueva fecha es el 29 de octubre a las 10 de la mañana.

La justicia estadounidense confiscó US$2,2 millones en coimas que Jadue depositó en el banco UBS de Miami, en una cuenta a nombre de Lisburn Strategies, empresa fantasma creada por él en Islas Vírgenes Británicas junto a una socia: su madre, Gloria Jadue Jadue.

Pero no es el único negocio que une a madre e hijo.

El otro está expuesto en una querella por apropiación indebida de la mitad del dinero en que fue vendido el departamento en Concón comprado través de la Sociedad de Inversiones San Nicolás.

La querellante es María Inés Facuse, exesposa de Jadue, quien demandó a su ex suegra.

La historia es así: cuando era un matrimonio, la dupla Jadue-Facuse armó la sociedad San Nicolás, pero el 9 de noviembre de 2015, seis días antes de la huida a Miami, la estructura societaria fue modificada.

“Antes de salir de Chile fuimos a la notaría y en lugar de Sergio entró su mamá. Cada una quedó con el 50% de la sociedad San Nicolás. Cuando encontraron comprador para el departamento, Sergio me pide que le dé un poder a mi hermana para que me represente en Chile y firme la escritura”, relata Facuse.

El departamento fue vendido en 11 de mayo de 2018 en $225 millones, pero Facuse no recibió un peso.

Su abogado Juan Pablo Sánchez actualiza. “Está compleja la querella, porque los domicilios que teníamos de la señora Gloria no corresponden y no ha sido ubicada para que la notifiquen. Están pendientes los oficios a entidades públicas para conocer el nuevo domicilio y también el de policía internacional para que informe si es que la señora se encuentra en el país o si registra salidas sin ingreso. Llevamos dos meses esperando esa respuesta”, resume.

Pablo Bravo, fiscal de Viña del Mar a cargo del caso, abunda. “La causa está con audiencia de formalización desde abril de 2020. Se han fijado diversas fechas, primero en pandemia, y luego por no haber sido habida ni notificada la imputada”, apunta.

“La imputada no ha salido del país. El informe de extranjería se incorporó en enero de 2021. No se ha despachado ni solicitado orden de detención contra ella. En pandemia los jueces no están despachando órdenes de detención, salvo en delitos de grave riesgo personal para las víctimas”.

No es el único entuerto que involucra a Jadue y su exesposa. El divorcio, ocurrido en 2018, complicó todo. Tanto que el asunto llegó al tribunal de familia, donde la jueza Angélica Zayas decretó, el 9 de mayo de 2019, el pago de una pensión alimenticia. “No me ha pagado nada”, reclama Facuse. “Peor, hizo una especie de apelación para demandarme a mí por pensión, porque él dice que no puede trabajar y que yo sí trabajo”, agrega.

El 9 de mayo de 2019, un juzgado de familia de Miami determinó el pago de US$1.500 de Jadue a su exesposa María Inés Facuse por pensión alimenticia.

En el tribunal, Jadue no acreditó ingresos formales, pese a que la exesposa afirma que el calerano recibe cerca de US$2.500 mensuales de parte del gobierno de Estados Unidos debido a que lo mantienen como testigo de otras causas del FIFA-Gate. Según Facuse, su ex se reúne “con gente del FBI una o dos veces al mes y le pasan dinero en efectivo dentro de un sobre”.

Como sea, Jadue no ha pagado un peso y la tramitación de la causa también se ha visto dificultada por la pandemia. Facuse cree que nunca verá ese dinero y hoy su único ingreso proviene, comenta, de un emprendimiento de limpieza de departamentos. Limpia cuartos, pisos y ventanas todo el día. Vive sola en Miami.

Por eso inició otra pelea legal.

“Intenté por las buenas durante dos años y nada”, advierte. “La querella ingresó el 25 de marzo y fue declarada admisible el 31 de marzo de 2021 por el Juzgado de Garantía de La Calera”, afirma Mario Fuentes, abogado de Facuse en la causa por los delitos de estafa y simulación de contrato en contra de Nicolás Chahuán, actual candidato a alcalde de La Calera. Todo por la compraventa de una camioneta Dodge modelo Durango Express 3.6 ocurrida en 2018.

El precio ofrecido, dice Facuse en el documento, era de $22 millones y las conversaciones las llevaron Sergio Jadue y Nicolás Chahuán, por vía telefónica, WhatsApp y videollamadas. La querella solicita diligencias varias, entre ellas que se cite a declarar a Jadue, Chahuán y también a la hermana de la querellante.

El texto señala: “Yo no participaba en las comunicaciones entre Jadue y Chahuán, hasta que en el cumpleaños de mi marido, el 26 de abril de 2018, me comenta que Nicolás quería comprar la camioneta para un negocio de carbón. El precio ofrecido fue de $22 millones, lo que facilitó el acuerdo (…) El 26 de septiembre de 2018 mi hermana Marisol acude a la notaría para firmar la escritura de compraventa en mi representación. Sin embargo, allí se da cuenta de que el precio que aparece en el documento es menor, siendo solo $11.000.000, la mitad de lo acordado. Además, una vez firmado el contrato de compraventa, don Nicolás Chahuán no le entrega el dinero a Marisol, sino que le dice que él entregaría el dinero directamente a Sergio Jadue, puesto que con él había llegado a ese arreglo”, señala el escrito.

“Marisol lo recrimina, pero Chahuán dice que tiene un acuerdo con Sergio Jadue y que el dinero se lo entregará a él. Se da media vuelta y se va”, completa Fuentes.

Este jueves 8 de abril, el caso llegó al Ministerio Público y fue asignado al fiscal jefe de La Calera, Elizardo Tapia.

Chahuán se defiende. “Todo es falso”, afirma. Dice que nunca habló de pagar $22 millones “por un vehículo 2013 que a ellos les costó $13 millones”. Sería “una locura”, agrega. “Hablé de la camioneta con Sergio Jadue, él habló con María Inés y después pagué los $11 millones en efectivo a Marisol en la notaría. Tengo los respaldos. Nunca se habló de $22 millones”, señala. Chahuán enfatiza que ya no habla con Jadue. Eran amigos desde pequeños y a la ANFP llegó a trabajar en 2011 gracias a él. Allí estuvo hasta 2016. Pero se distanciaron, reitera.

En la fiscalía anticipan que el caso será indagado por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.

Lejos de los enredos en La Calera y Concón, y a casi 1.300 kilómetros de Miami, el futuro de Jadue se juega en Nueva York. Está procesado por la ley RICO, un cuerpo legal nacido en los 70 para castigar el crimen organizado y asociaciones delictivas. En simple, persigue mafias. Jadue arriesgaba 20 años de cárcel por los dos delitos imputados en el FIFA-Gate, pero se declaró culpable.

El chileno Jorge Contesse, profesor de derecho penal en la Universidad de Rutgers, Estados Unidos, explica el panorama.

“Si alguien tiene pocas posibilidades de desvirtuar los cargos en su contra, y la evidencia en contra de Jadue es abundante, entonces le conviene declararse culpable y colaborar con la justicia. Con ello, la fiscalía acuerda rebajar de alguna manera la pena que podría obtener si el caso fuera a juicio y el acusado —Jadue, en este caso— fuese declarado culpable”.

“Eso depende de la evidencia de que disponga el FBI: si eres un pez gordo en la asociación delictual y colaboras, tienes más que ganar en la negociación con las autoridades. Ahora, si no lo eres —como creo es el caso de Jadue— y más bien te tienen acorralado, es más razonable colaborar en todo lo que sea posible para rebajar así las condenas”.

“Para la determinación de la pena, el tribunal considerará la colaboración que haya prestado, si ha cometido delitos anteriormente y el grado de participación en el esquema criminal. Acá es donde le puede convenir no haber sido de los cabecillas del sistema de sobornos por el que ha sido acusado. Ahora, si no logra acreditar aquello, entonces el tribunal puede imponer una pena más alta, especialmente si considera que los montos involucrados son significativos”.

“No necesariamente. Ello va a depender de la discreción del tribunal una vez que se imponga la condena. Algunos jueces entienden que si la persona ha estado bajo arresto domiciliario, o usando un detector electrónico, pero que le permite moverse con relativa libertad, no está en la misma situación de quien espera condena en prisión preventiva”.

“Lo que no se puede hacer es demorar ‘de manera no razonable’ la imposición de una condena, pero si tienes a la fiscalía mostrando pruebas de por qué es necesario esperar, entonces el juez puede acceder a esos pedidos. En casos complejos como estos (ley RICO), es posible que quieran llevarlo además como testigo para otros casos”.