Señor Director:

La discusión sobre el levantamiento del secreto bancario no deja de llamar la atención. Se ha instalado una narrativa —bastante curiosa— de que Chile es una suerte de “paraíso de impunidad financiera”, donde nadie puede mirar una cuenta ni con binoculares. Lo cierto es que, al día de hoy, nuestro ordenamiento sí permite el levantamiento del secreto bancario. La pregunta de fondo, entonces, es quién tiene la llave para hacerlo.

¿Seguiremos confiando en los jueces, como una forma de garantizar la protección de la vida privada —19 Nº 4 de nuestra Constitución—, o preferimos que la autoridad administrativa proceda sin siquiera consultar a un tribunal? Menos garantías y ¿mejores resultados? Nadie sabe. Lo que nos consta es que hoy día la autoridad judicial no presenta demoras importantes en el otorgamiento de la autorización. Entonces, ¿por qué arreglamos lo que no está roto?

El foco de la discusión no está en levantar o no el secreto. Lo que se discute es si hoy estamos dispuestos a renunciar a las garantías mínimas de un debido proceso, omitiendo la autorización judicial, a fin de alimentar esta falsa narrativa de impunidad. Esto, en un Estado de Derecho, no es un detalle superfluo.

Bernardita Valdés
Abogada