Los momentos tristes o cabizbajos suelen ser opacos o grises, o carentes de interés, salvo para los sujetos directamente concernidos; pero hay ocasiones en que en esos momentos refulge la verdad.

Es lo que acaba de ocurrir con Javier Etcheberry, el, a estas alturas, exdirector del Servicio de Impuestos Internos, quien, en la hora del balance de su gestión, declaró algo cuya importancia es difícil exagerar: el Estado, dijo, no tiene el monopolio de la fuerza.

Un diagnóstico como ese puede resultar plausible dicho por un analista o un sociólogo o un observador cualquiera de la realidad nacional. Dicho por quien conducía una de las unidades más altas del aparato estatal, no es plausible, es una verdad flagrante, una revelación alarmante. Si hay una dimensión del Estado donde se manifiesta el rasgo más íntimo que lo constituye, esa es la del cobro de impuestos. Como los impuestos son una extracción coercitiva de rentas, ellos requieren de la capacidad del Estado para, si es necesario, imponerlos por la fuerza o perseguir o detectar, empleando la fuerza si es necesario, a quienes los eluden o los evaden.

Pero he aquí que el director de la unidad encargada de extraer coercitivamente renta a los ciudadanos declara que, de acuerdo con su experiencia (que la tiene), el Estado carece de la capacidad de ejercer la coacción.

Para comprender lo grave de esa revelación basta recordar que lo que se llama Estado es uno de los elementos de la sociedad moderna (los otros son la mediatización de la cultura y la expansión del mercado). Ese elemento fundamental para lo que hoy conocemos como sociedad nació cuando de pronto los medios para ejercer la violencia o la fuerza (y que hasta ese momento se contrataban a condotieros o mercenarios o a caudillos) fueron expropiados a los particulares y monopolizados en una sola agencia. Así nació el Estado moderno, que ha permitido (gracias a que espantó al lobo que habita en el hombre) que exista mercado e intercambio, convivencia, derechos civiles y diálogo público.

Esa notable creación que se llama Estado (si hay algo civilizatorio, para usar una expresión de la que suele abusarse, ese es el Estado, como subraya una y otra vez, dicho sea de paso, Norbert Elias) no se ve hoy amenazada por movimientos insurgentes o por grandes vendavales de violencia externa, o por ejércitos extranjeros, o por asaltos utópicos, sino por la existencia de archipiélagos extraestatales, conjuntos de verdaderas islas de diversa índole (barrios, zonas de regiones, incluso calles o pasajes, esquinas) donde la fuerza del Estado no existe o es simplemente impotente. El ejemplo más inocente de todo esto (y que no es más que un síntoma de algo subyacente que no se ve pero que es obvio) es la resistencia organizada y violenta de los comerciantes ambulantes a la fiscalización.

Para apreciar la gravedad de esto que el ánimo cabizbajo de Etcheberry ha puesto de manifiesto, basta advertir que sin Estado no existirían ninguno de los bienes que hacen posible una vida civilizada, con mínimas reglas de tráfico que impiden la agresión y el roce cotidiano, como lo puede comprobar cualquier ciudadano de a pie que viaja en micro o en metro, esa nueva forma de aventura peligrosa en que se está convirtiendo la vida de la ciudad para miles y miles de personas.

Es cierto que Etcheberry cometió errores y fue desprolijo a la hora de cumplir los deberes que, sin embargo, exigía a otros; pero hay que agradecerle a él, o a lo ceniciento del momento que vivía, haber dicho eso que, viniendo de quien ejercía el cargo que ejercía (que no se relacionaba con la coacción de manera conceptual propia de un ministro, sino de veras, cotidianamente), no debiera ser tomado a la ligera.

Carlos Peña