Señor Director:
Temo que el
profesor Ricardo Paredes, en su carta de ayer, malentendió mi columna del domingo (
"El error de Valdés"). En ella no me refería a si la supresión del Aporte Fiscal Indirecto (AFI) era o no correcta; lo que sostuve fue que hacer del foro judicial, o consentir que se haga de él un lugar donde se acuerdan proyectos de ley (fueren cuales fueren estos últimos y fuere quien fuere quien se beneficia con ellos), es un severo error.
Y debo insistir en eso.
Los litigios judiciales no deben ser los sitios en los que se promuevan o acuerden políticas públicas. Y ello, por tres razones fundamentales: la primera es que los jueces razonan en torno a derechos, y las políticas públicas, en cambio, buscan el bienestar agregado; la segunda es que los litigios miran el interés del litigante y no de la sociedad en su conjunto; la tercera es que los jueces ven la legitimidad de los títulos que se esgrimen, el diseño de políticas está obligado a mirar el coste de oportunidad.
Por eso el ministro Valdés tuvo toda la razón cuando afirmó que era de la mayor gravedad judicializar las políticas públicas. Lo malo e incomprensible es que después parezca arrepentido de lo que dijo y al firmar un acuerdo haya validado el camino que con toda razón había rechazado. ¿O acaso es correcto comprometer con un particular un proyecto de ley como forma de satisfacer su interés, por correcto que sea? ¿Acaso es correcto hacer de los proyectos de ley un asunto que se negocia entre el gobierno y un particular?
Si fuera correcto diseñar las políticas públicas en el foro judicial, o usar el foro judicial para promoverlas, la política sería una cosa muy fácil y la economía del bienestar estaría de más: bastaría que acordáramos qué derechos tenemos y entregáramos entonces a los jueces, o a los litigantes, la tarea de decidir la forma de satisfacerlos. Pero las cosas no son tan sencillas. No todos los problemas públicos -los economistas lo saben bien- se reducen a discutir qué derechos tenemos. En la mayor parte de los casos se trata de saber si cañones o mantequilla. Y para responder ese tipo de preguntas -las preguntas de la economía y las políticas públicas- el foro judicial no es el camino correcto.
Carlos Peña