Señor Director:

El rector Carlos Peña cuestiona, como ajeno a la política pública, la promulgación de una ley que resuelve el problema de financiamiento para algunas instituciones como consecuencia de la abrupta eliminación del Aporte Fiscal Indirecto (AFI).

Hay dos elementos que cabe distinguir. Primero, que la eliminación del AFI, una mala política pública respecto de la alternativa de perfeccionarlo en base de las críticas que se le hacían, generó el desfinanciamiento de varias instituciones. El desfinanciamiento se puede abordar con una ley, con política pública. Segundo, y más central a la crítica al ministro Valdés, es fundamental reconocer que la certeza jurídica, el conocimiento del terreno en el que se está actuando, es también un elemento central de la política pública. Así, cuando la Pontificia Universidad Católica demandó al Estado, y el Ejecutivo, en representación de este, da marcha atrás, está reconociendo que por noble que sea su política pública de redistribuir los recursos de la educación superior, hay otro efecto de política pública, la de dar certeza jurídica que se está sacrificando y que ello tiene enorme costo.

La eliminación del AFI es muy negativa, y no tanto por el efecto sobre el financiamiento, que ya vemos se puede resolver de otra manera, sino porque el Ejecutivo desconoce el efecto de los incentivos en proveer mejor calidad, en atraer a los alumnos con mayor capacidad de elegir, aquellos que reflejan lo que es calidad.

Ricardo D. Paredes
Duoc UC