Una frase cliché. Formulada en todos los tonos y corrientemente por parlamentarios, demandando de los imputados la renuncia al cargo. También conocemos declaraciones altisonantes: "Asumimos nuestra responsabilidad en estos hechos y el compromiso de superar esta situación... en la perspectiva de construir una nueva institucionalidad en materia de probidad".

¿Qué ha significado o significará para quienes han sido acusados o sienten haber cometido falta de responsabilidad?

De tanto repetir el cliché, dejó de respetarse, de tomarse en serio o conscientemente se rehúsa. Actuar sin responsabilidad en diferentes ámbitos tiene consecuencias (funcionaria, administrativa, profesional). Se me dirá que la Constitución y reglamentos institucionales regulan funciones de representantes públicos, pero en temas procedimentales. El asunto es otro. Cualquier autoridad está sometida a un escrutinio tácito más trascendente: en cuestiones relevantes, el deber de responder de los actos ante los mandantes, los electores. Asumir la responsabilidad significa reconocer haber actuado en forma pusilánime, descuidada, superficial y la consecuencia lógica debiera ser la dimisión voluntaria. Los ciudadanos, a su vez, tienen la obligación de exigir de los mandatarios acuciosidad, trabajo prolijo, bien hecho; en otras palabras, responsabilidad política. Si el juicio es negativo, se pierde la confianza y el rechazo electoral en futuros comicios es la sanción obvia.

Esto no ocurre en Chile y los profesionales de la política lo saben. Los actos electorales, en democracias de masas, con sectores mayoritariamente desinformados, suelen ser irreflexivos. ¿Esto explica que existan conductas irresponsables?

Hay antecedentes que inducen a pensarlo. Sin ir más lejos, luego de una acelerada discusión en la Cámara y sin mayor esmero en el Senado, se aprobó una reforma tributaria de gran envergadura, que ahora todos reconocen fue mal hecha, que contiene errores y que habrá que enmendarla con otro proyecto de ley. Pero ninguna autocrítica hemos escuchado de legisladores.

¿Estamos seguros de que son rigurosos al estudiar las iniciativas? ¿Fundamentan su voto en criterios propios, en consulta con especialistas o sufragan en la sala confiando en resoluciones de los pares en la comisión respectiva? De ejecutarse tal como está la fórmula tributaria habría tenido costos para chilenos y el país. ¿Algún honorable habría asumido su responsabilidad?

Todavía ronda un predicamento muy nocivo: "El programa es un compromiso... entre la Nueva Mayoría y la ciudadanía. Pienso que quien no cumple el programa tiene que asumir la responsabilidad y no solo ante la Presidenta" (Girardi, 3/2014): El voto ideológico, a fardo cerrado.

Quedan discusiones muy importantes: una ley correctiva tributaria, de aborto, gratuidad universitaria, laboral. ¿La bancada gubernamental en pleno aplicará nuevamente el predicamento "girardista"? Cabe la pregunta, porque "hay una reafirmación programática" de parte de la Presidenta, sin "cambio de rumbo". Reafirmación que la izquierda dura y el PC consideraron "como triunfo propio". ¿Habrá más estudio ahora, pensando en Chile, análisis personal a conciencia?

Se arriesga la calidad de la democracia cuando miembros del hemiciclo no reparan en la responsabilidad que les compete en su deterioro. A falta de sanción popular, debiera instaurarse una especie de fiscalía ciudadana. En un foro internacional reciente, la Presidenta destacó el trabajo parlamentario como esencia de la democracia y, a renglón seguido, el presidente de la Cámara afirmó que la "publicidad de los actos constituye un mecanismo de control". Un control muy cómodo, según el historial, no implica ninguna sanción. Mientras tanto la desaprobación al Congreso está en torno al 80%. No podemos continuar con este desprestigio de la política, de partidos e instituciones republicanas.