Señor Director:

Temo que el Dr. Ricardo Rabgliati -y algunos otros comentaristas, radiales y epistolares- no entiende del todo el problema en el que incurrió el Hospital Christus UC y que subrayé en mi columna ("Christus, el samaritano cauteloso").

El problema, de alto interés público, es el tipo de razonamiento que en este caso se esgrime.

En efecto, en el caso de la niña Daniela Vargas, el hospital esgrime un argumento basado en las consecuencias. Como era poco probable que la intervención tuviera éxito -atendida la precariedad de la niña-, entonces era mejor no realizarla. Es decir, el hospital juzgó la corrección o incorrección del acto atendiendo a las consecuencias probables que produciría. Como las condiciones socioeconómicas de la niña hacían que la intervención probablemente fracasara, se decidió no considerarla para un trasplante.

Esa argumentación -que inspira protocolos médicos- es obviamente utilitarista (Cfr. Berndt Rasmussen, K. Should the probabilities count?, Philos Stud, 2012, 159: 205-218; Thomson, J. Killing, Letting Die, and the Trolley Problem, The Monist, 1976, 59: 204-217). El argumento utilitarista no es malo en principio, salvo, claro, para el Hospital de la Universidad Católica.

Porque ocurre que el Hospital de la Universidad consideró siempre inadmisible ese tipo de argumentación en el caso del aborto. En el caso del aborto siempre se negó, y se niega, a argumentos consecuencialistas, y esgrime, en cambio, argumentos fundados en que la moralidad de un acto es independiente de las consecuencias.

Y ese es el problema: no parece razonable ser consecuencialista en un caso y rechazar el consecuencialismo en el otro, salvo que exista un tercer principio, que aún no conocemos, que indique cuándo hay que ocupar un tipo de razonamiento y cuándo otro.

Dicho sencillamente: ¿Por qué hay que atender a las consecuencias en casos como los de Daniela Vargas, y no tomarlas en consideración en los casos de aborto o eutanasia? ¿Por qué en un caso la precariedad cancela el valor de la vida y en los otros, ninguna circunstancia podría cancelarla?

Y, desde luego, es pueril esgrimir protocolos internacionales para evitar la discusión. Una institución que alega la objeción de conciencia contra la ley renuncia, por principio, a esgrimir argumentos de autoridad gremial o jurídica a la hora de afrontar problemas morales.

Carlos Peña