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Martes 28 de marzo de 2017
FF.AA. y catástrofes naturales
Señor Director:
Las catástrofes naturales se han convertido en un test indirecto sobre el rol de las FF.AA. en el Estado de Derecho democrático. Para algunos, los militares siempre deben estar en sus bases y cuarteles, preparándose para la guerra, sin distraerse en otras actividades. Para otros, pueden salirse de sus casillas profesionales, pero solo bajo control de los civiles. Según una tercera posición, pueden marchar y masticar chicle al mismo tiempo, pues son organizaciones de gente pensante.
La primera posición es clásica y se justifica en que previene la deliberación y, a la larga, los golpes de Estado. Su problema es que los hechos van a contramano. En tiempos de crisis, mantener a los militares encerrados en sus cuarteles puede ser el equivalente a vender el sofá de don Otto. En los años 70 se publicó un notable libro del francés Alain Joxe sobre la materia.
La segunda posición se acerca más a la realidad, pues, por organización y disciplina, los militares están mejor preparados que los civiles ante imprevistos catastróficos. Pero ponerlos bajo el mando operativo de funcionarios civiles nunca ha funcionado. Por lo demás, demorar su intervención para precisar quién manda en las zonas siniestradas evoca esa fábula de Iriarte sobre los conejos que discutían si sus perseguidores eran galgos o podencos.
La tercera posición ya debiera ser clásica, pues viene funcionando en Chile desde que el manejo del Estado se empezara a complicar y las FF.AA. se convirtieran en organizaciones polivalentes, con manejo de alta tecnología y mandos con birrete universitario. En 2006, la Ordenanza General del Ejército la categorizó con el nombre de "profesionalismo militar participativo". Según sus teóricos, era el punto de equilibrio entre el ostracismo cuartelero y la "intervención impropia" (golpista).
Dicha Ordenanza fue aprobada el 2 de febrero de ese año, por decreto del ex Presidente Ricardo Lagos, con firma de su ministro de Defensa Jaime Ravinet. Sin embargo, que yo sepa, su profesionalismo participativo nunca ha sido debatido por los representantes políticos. Eso indica que el problema real está en la ausencia de un pensamiento político claro, que nos permita asumir el rol de los militares en tiempo de paz.
José Rodríguez Elizondo
Las catástrofes naturales se han convertido en un test indirecto sobre el rol de las FF.AA. en el Estado de Derecho democrático. Para algunos, los militares siempre deben estar en sus bases y cuarteles, preparándose para la guerra, sin distraerse en otras actividades. Para otros, pueden salirse de sus casillas profesionales, pero solo bajo control de los civiles. Según una tercera posición, pueden marchar y masticar chicle al mismo tiempo, pues son organizaciones de gente pensante.
La primera posición es clásica y se justifica en que previene la deliberación y, a la larga, los golpes de Estado. Su problema es que los hechos van a contramano. En tiempos de crisis, mantener a los militares encerrados en sus cuarteles puede ser el equivalente a vender el sofá de don Otto. En los años 70 se publicó un notable libro del francés Alain Joxe sobre la materia.
La segunda posición se acerca más a la realidad, pues, por organización y disciplina, los militares están mejor preparados que los civiles ante imprevistos catastróficos. Pero ponerlos bajo el mando operativo de funcionarios civiles nunca ha funcionado. Por lo demás, demorar su intervención para precisar quién manda en las zonas siniestradas evoca esa fábula de Iriarte sobre los conejos que discutían si sus perseguidores eran galgos o podencos.
La tercera posición ya debiera ser clásica, pues viene funcionando en Chile desde que el manejo del Estado se empezara a complicar y las FF.AA. se convirtieran en organizaciones polivalentes, con manejo de alta tecnología y mandos con birrete universitario. En 2006, la Ordenanza General del Ejército la categorizó con el nombre de "profesionalismo militar participativo". Según sus teóricos, era el punto de equilibrio entre el ostracismo cuartelero y la "intervención impropia" (golpista).
Dicha Ordenanza fue aprobada el 2 de febrero de ese año, por decreto del ex Presidente Ricardo Lagos, con firma de su ministro de Defensa Jaime Ravinet. Sin embargo, que yo sepa, su profesionalismo participativo nunca ha sido debatido por los representantes políticos. Eso indica que el problema real está en la ausencia de un pensamiento político claro, que nos permita asumir el rol de los militares en tiempo de paz.
José Rodríguez Elizondo
