Señor Director:

En la carta del día de ayer, académicas de Derecho UDP manifestaron su preocupación porque "se busca desvirtuar los presupuestos que han motivado el trabajo" de legislar sobre el aborto por parte de la Presidenta; la necesidad de que se considere un derecho humano y no restringido a tres causales; y finalmente la discriminación que se produciría respecto de la "maternidad obligada". Al respecto resulta pertinente aclarar ciertas cosas.

En primer lugar, no ha existido ningún trabajo serio por parte del Gobierno respecto a la problemática. Muestra de ello es que consultado el Sernam, Ministerio de Justicia y el Ministerio Secretaría General de Gobierno, todos señalaron ante el Consejo de Transparencia que no tenían ningún informe, estudio, minuta, trabajo, acta, correos electrónicos u otro que conste en soporte material relacionado con el aborto desde el 11 de marzo hasta la fecha. Corrobora lo anterior, la sesión del día martes de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados en donde la ministra del Sernam, solo dio palabras de buena crianza pero nada concreto, ya que efectivamente no han estudiado realmente el tema.

En segundo lugar, es curioso que se hable del aborto como un "derecho humano", cuando justamente lo que hace la acción abortiva es terminar con la vida de un ser humano, como es el niño que está por nacer. También es errado señalar que la Corte Interamericana de DD.HH. indique que la libre elección de la vida que la mujer tiene en su vientre materno, es parte de su autonomía. Por lo demás, es la propia Convención Americana de Derechos Humanos, la que en su artículo 4.1 protege la vida desde la concepción.

En tercer lugar, la discriminación que se produce no es la de la "maternidad obligada" como se sostiene sino más bien respecto del niño que está por nacer. En efecto, ¿Por qué cuando el niño nace, la madre no podría elegir terminar con su vida y antes de que nazca sí lo podría hacer? Eso es una discriminación prohibida por la propia Convención de Derechos del Niño que señala expresamente que: "los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de (...) el nacimiento (...)".

Pablo Urquízar M.
Director Legislativo de ONG Comunidad y Justicia