La inminente presentación por el Gobierno de un proyecto de ley que autoriza legalmente el aborto consentido por la mujer embarazada en caso de contarse con el pronóstico de un peligro de muerte o grave daño para ella, o con el diagnóstico de graves malformaciones del feto o con la constatación de un embarazo forzado, viene a satisfacer una condición elemental de justicia entre nosotros.

Los adversarios del proyecto lo objetan porque desconocería la calidad de personas de los embriones o fetos anidados. Lo cierto es que los embriones y los fetos aún no son personas titulares de derechos jurídicos. Eso es claro bajo el Código Civil y lo es también bajo la Constitución de 1980, por más que algunos abogados católicos se hayan empeñado estos 40 años en tergiversar el sentido de sus reglas.

La comparación de esta conclusión con la institución de la esclavitud constituye una falacia. La situación genuinamente semejante a la esclavitud es aquella en la que se coloca a las mujeres cuando no se les reconoce el derecho a decidir acerca de la continuación de un embarazo que implica para ellas un sacrificio o un peligro que excede las cargas y riesgos normales que conlleva todo embarazo.

La idea de que las mujeres deben soportar cualquier costo en interés de otro es una idea esencialmente injusta. Ningún hombre tiene que soportar ese costo en interés de un embrión o feto. Nunca nadie debe soportar un costo semejante en interés de un ser humano nacido. Ellas son las esclavas.

Por eso, ni aun si se considerara al embrión o feto como una persona, sería legítimo que el Estado obligara a las mujeres a tolerar toda clase de embarazos. Del derecho a la vida no se deduce un derecho a usar cualquier medio para sobrevivir ni a imponer a otros cualquier costo para lograrlo. No advertir este dato elemental es ser ciego a la justicia respecto de las mujeres.

Ciego a la justicia respecto de las mujeres es también el argumento de que el aborto terapéutico ya no sería técnicamente necesario. Ese argumento supone que quien decide acerca de la asunción del riesgo para la mujer es el médico y no la mujer. Eso implica un trato moralmente inaceptable de la mujer como una cosa, como un instrumento más a disposición de una profesión.

Nada de lo dicho es extraño en el mundo. La inmensa mayoría de los países de Occidente tiene leyes semejantes a la que propondrá el proyecto anunciado por el Gobierno. En la jurisprudencia de los tribunales constitucionales y los tribunales internacionales de derechos humanos se reconoce el derecho de la mujer a decidir acerca del embarazo en casos extremos.

Chile siempre reconoció el aborto terapéutico, expresándolo formalmente en la ley en 1931, hasta que una decisión de última hora de la dictadura militar, promovida por el empecinamiento de un sector que la conformaba y aceptada a regañadientes por el resto, impuso en el país un estado de deshonestidad vergonzoso.

Porque la ley chilena no permite el aborto, pero este se practica en Chile. Sin control. Sin seguridad legal y judicial por parte de los profesionales de la salud para el adecuado manejo de la interrupción médicamente indicada del embarazo. Y con una distribución desigual del riesgo clínico y legal: porque las mujeres que tienen que ser atendidas por complicaciones médicas y terminan procesadas o presas solo son las mujeres pobres. Ellas son las esclavas.

Quien tenga un sincero compromiso moral con la protección de la vida humana prenatal no puede conformarse con la situación actual. En materia de aborto en Chile hoy la conformidad es hipocresía.

Daniela Accatino
Jaime Bassa
Antonio Bascuñán
Lidia Casas
Jorge Contesse
Eduardo Chia
Pablo Contretas
Juan Pablo Cox
Matías Guiloff
José Luis Guzmán
María Inés Horvitz
Domingo Lovera
Daniela Marzi
Eduardo Morales
Juan Pablo Mañalich
Fernando Muñoz
Constanza Salgado
Christian Viera
Luis Villavicencio
Verónica Undurraga
Alejandra Zúñiga
Yanira Zúñiga
Los firmantes son abogados y profesores de Derecho en diversas universidades del país