Señor Director:

El editorial de ayer formula críticas respecto de la implementación en el Juzgado de Garantía de Temuco de una sala especializada para causas con imputados indígenas.

Dichos reparos desconocen la normativa existente en esta materia, especialmente las obligaciones contraídas por el Estado de Chile en tratados internacionales y que dicen relación con el respeto y promoción del principio de igualdad y no discriminación. Este principio estructurante del derecho internacional de los derechos humanos no implica tratar a todos igual, cuestión bastante sabida y sobre la que existen amplios consensos.

Muy por el contrario, exige que respecto de aquellas personas pertenecientes a grupos tradicionalmente discriminados o que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad -por ejemplo adolescentes, migrantes, privados de libertad o pueblos originarios- se realice un esfuerzo adicional por todos los órganos del Estado para asegurar un trato igualitario.

Si no se refuerzan sus derechos, podrían permanecer como grupos o personas que no lograrán acceder a la justicia de la misma manera que aquellos que no se encuentran en una situación similar.

A este principio responden las "100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad", acordadas por los poderes judiciales y ministerios públicos de todo el continente, las cuales señalan que todos los actores que intervienen en el sistema de justicia deben adoptar las medidas conducentes para asegurar dicho acceso. Asimismo, el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas contiene normativa especial en relación con la resolución de conflictos penales.

En la Región de La Araucanía son variadas las instituciones públicas que realizan esfuerzos para respetar y promover el principio de igualdad y no discriminación a través de acciones afirmativas. Por ejemplo, Carabineros de Chile desde hace algún tiempo puso en marcha las patrullas PACI y la Fiscalía cuenta con facilitadores interculturales, quienes se dedican a ayudar a las víctimas de delitos que pertenecen al pueblo mapuche. Asimismo, existen también esfuerzos en el mismo sentido impulsados por el Ministerio de Salud, Gendarmería de Chile y el Registro Civil, entre otras instituciones.

Esto refleja cómo diferentes órganos del Estado de Chile comienzan a asumir un rol en la aplicación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, a lo cual todos los que trabajamos en el aparato público estamos obligados.

Teniendo presente lo anterior, no queda sino estar absolutamente satisfechos por el acuerdo que anuncia la Defensoría Regional de La Araucanía, que contribuye a una mejora significativa en el tratamiento del sistema de justicia al pueblo mapuche, que enfrenta variados obstáculos en su acceso. Ello es coincidente con una línea de defensa especializada que desde años desarrolla la Defensoría con los pueblos originarios de otras zonas del país, como, por ejemplo, en el norte con los aimaras.

Avanzar en el refuerzo de los derechos de personas en situación de vulnerabilidad es avanzar en justicia y es precisamente a ello a lo que todos y todas debemos aspirar.

Georgy Schubert Studer
Defensor Nacional