Señor Director:

En relación con el editorial "Política energética", publicado el jueves, es necesario aclarar la siguiente afirmación: la rentabilidad en la distribución de gas sería muy alta para un mercado "casi sin riesgo".

Como se sabe, la crisis del gas argentino -2004 a 2009- dejó a las empresas distribuidoras de gas natural expuestas a uno de los riesgos más graves: el de la falta de suministro. Por un lado, nuestra industria había asumido cuantiosas inversiones, hundidas en redes y la obligación de honrar contratos de largo plazo asumidos para solventar la construcción de gasoductos desde Argentina y, por otro lado, solo recibía el 5% del volumen de gas contratado, lo que no le permitía desarrollar su negocio y recuperar sus inversiones.

Para resolver esta profunda crisis, las empresas del sector decidieron asumir un nuevo e importante riesgo, sumándose al proyecto del terminal de GNL Quintero. Esto implicó nuevamente hundir inversiones y suscribir contratos de largo plazo, con la expectativa -mas no la certeza- de que se rentabilizaran en el tiempo. Estos riesgos se mantienen hoy presentes.

Debemos considerar, además, que la industria está expuesta a los riesgos propios de la competencia, que no se remite solo al gas propano. El gas natural compite con varios energéticos (diésel, fuel oil, kerosene, gasolina, leña y electricidad) en diversos usos, situación que impide aplicarle estándares regulatorios propios de monopolios naturales. Los sustitutos operan bajo regímenes de libertad de precios (salvo la electricidad), y su oferta es más flexible que la del gas natural, pues no necesitan de contratos de largo plazo para la compra, el transporte, el almacenamiento y la regasificación de sus productos, ni requieren de una alta inversión inicial en redes de distribución.

Creemos que todos los modelos son perfectibles y estamos abiertos a los cambios que incrementen el desarrollo del país y el bienestar de la comunidad. Sin embargo, nos preocupan las señales que hacen temer que en Chile se produzca lo que los economistas llaman inconsistencia intertemporal de las políticas, es decir, una práctica de alentar las inversiones privadas primero y cambiar la regulación después.

Carlos Cortés Simón
Director Ejecutivo
Asociación de Distribuidores de Gas Natural (AGN)