La propuesta energética del Gobierno tiene como uno de sus objetivos reducir el costo de la energía para los usuarios, con una estrategia de corto y largo plazo. En el corto, se planea utilizar el gas natural licuado, que no está amarrado por contratos de larga duración, para sortear las licitaciones de distribución. Serían, en cambio, licitaciones de plazo breve, para evitar que las actuales expectativas de precios se petrifiquen en cifras que durarían por más de una década. Al mismo tiempo, se prepararían las licitaciones de largo plazo, dejando tiempo para construir centrales de base que apoyarían precios más moderados.

Un aspecto que no ha advertido el público -porque diversos medios han puesto el acento en el uso de GNL en el corto plazo- es que el plan contempla que el desarrollo energético futuro se base en centrales tradicionales. Esto significa que la expansión se haría mediante grandes proyectos hidroeléctricos y centrales que usan carbón. Para entonces -finales del actual gobierno- deberían estar instalados esquemas de compensaciones y existir mayor confianza en los estudios medioambientales. Esto permitiría que las comunidades acepten de mejor grado la construcción de dichas centrales. Así, en el largo plazo el precio de la energía volvería a sus valores normales, con lo que las licitaciones para períodos extensos adoptarían precios razonables. No parece una mala estrategia para lapsos mayores, pero depende de que las localidades acepten la instalación de las centrales hoy rechazadas y judicializadas.

Los anuncios han enfatizado el rol de Enap como herramienta de política energética, pero a su respecto no se trata, en realidad, de grandes cambios. Su papel será coordinar, tal como en Ventanas, la construcción de un terminal de GNL en la VIII Región. Asimismo, aprovechará su peso político-económico para impulsar el uso de algunos remanentes libres en los contratos de GNL, que pueden servir para alimentar una central de ciclo combinado, lo cual ayudaría a bajar los precios ofrecidos en las licitaciones de corto plazo, y para promover la expansión del terminal de Ventanas, más adelante.

La propuesta también evaluará si es necesario regular el mercado de gas natural residencial y comercial, el que tiene una rentabilidad sobre activos de 11-12% durante los últimos dos años, una tasa muy alta para un mercado casi sin riesgo. Hasta ahora, para evitar ser regulada, la empresa ha argumentado que compite con el gas propano distribuido en balones y, además, que utiliza su alta rentabilidad para expandir la red. Sin embargo, la memoria de esa firma muestra que su red de distribución ha crecido menos de 5% desde 2010, y que en ese mismo período la empresa ha generado utilidades equivalentes a más del 50% de la inversión histórica acumulada. Por tanto, parecería que, en principio, puede haber razones para evaluar cómo se introduce competencia o si se debe regular esta industria, igual que sectores similares, como la distribución eléctrica o las sanitarias.

En otros aspectos, la propuesta sigue los patrones habituales en diferentes informes sobre los cambios que se requieren para resolver los dilemas energéticos del país. Si consiguiera resolver el problema principal, cual es despejar los obstáculos para instalar centrales, se podrían desatar los nudos que han amarrado el sistema eléctrico durante los últimos años.