Señor Director:
Recientemente
Mario Waissbluth ha propuesto un mecanismo para reducir la segregación escolar en el sistema educativo chileno, el cual está basado en una cuota de discriminación positiva que se aplicaría a todos los establecimientos educacionales, incluyendo a aquellos particulares pagados. Me parece una idea fascinante. No obstante, como él mismo lo acepta, es difícil que una medida como esta se apruebe en el Congreso; la gran mayoría de nuestros parlamentarios, de todo el espectro político, tiene a sus hijos en el sector particular pagado de élite. Lamentablemente las personas no renuncian tan fácilmente a sus privilegios.
Como una medida de corto plazo, y aprovechando la discusión que se generará en torno a la reforma tributaria, propongo eliminar todas las exenciones tributarias que benefician a los establecimientos particulares pagados. En especial, en lo referente al impuesto territorial (contribuciones), al IVA y a las patentes municipales. ¿Qué argumentos se pueden ofrecer para mantener estos beneficios?
De acuerdo con los datos de la encuesta Casen 2011, el gasto anual de las familias en el sector particular pagado fue de US$ 750 millones durante el año 2011. La sola eliminación de la exención del IVA implicaría aproximadamente US$ 140 millones de recaudación anual. Para tener una referencia, los establecimientos educacionales recaudaron US$ 500 millones por concepto de financiamiento compartido durante el 2013. No tengo los datos para estimar la recaudación por el pago de contribuciones, pero considerando dónde se localizan estas escuelas seguramente sería una cifra relevante.
Los recursos que se generen con esta medida podrían destinarse a un programa activo de integración a través de becas, el cual incluya transporte gratuito, apoyo técnico para facilitar la integración (psicólogos y psicopedagogos, por ejemplo) y un seguimiento constante de los estudiantes y familias beneficiarias.
Si no se pueden aplicar políticas activas para generar mayor integración en las escuelas, al menos se deberían revisar aquellas que subsidian la segregación.
Humberto SantosInvestigador
Instituto de Políticas Públicas UDP