Señor Director:

¿Por qué ahora, y no antes?, me pregunta Carlos Williamson, director nacional del Servicio Civil del Gobierno y ex prorrector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en su carta publicada en "El Mercurio".

Como le consta, por su anterior cargo, desde hace muchos años que he exigido reiterada y públicamente que en Chile se cumpla la ley y que el uso y manejo de los más de mil millones de dólares de fondos públicos que son de todos los chilenos y que van a las universidades privadas (60% del presupuesto) sean fiscalizados por la Contraloría General de la República y que estén sujetos a la ley de Transparencia y al Mercado Público, tal como sucede con las universidades estatales (40% del presupuesto).

El Consejo Nacional de Educación, la Fiscalía del Ministerio Público, la PDI y la revelación del contrato de compra-venta de la marca y los estudiantes de la Universidad Andrés Bello han entregado graves antecedentes sobre la forma en que Laureate ingresó y opera en Chile, materias que no estarían siendo investigadas por la ministra Carolina Schmidt.

Las preguntas de fondo que los estudiantes de esas universidades, sus familias y la ciudadanía exigen que sean respondidas son: ¿por qué no se investiga de verdad, y solo se mira para el lado con inaceptable secretismo? ¿Por qué habría compra-venta de marca y traspasos millonarios desde la Universidad Andrés Bello y la Universidad de las Américas a su matriz Laureate? ¿Por qué el Consejo Nacional de Educación plantea dudas que el Ministerio de Educación no aborda, pese a tener la obligación de y las facultades legales para hacerlo?

Las investigaciones realizadas por la ministra Schmidt han sido tardías, parciales y marginales, y los resultados así lo confirman. Eso afecta gravemente la confianza y la fe pública, condiciones imprescindibles para poder abordar con seriedad el diálogo sobre la educación superior de nuestro país.

Víctor Pérez Vera
Rector de la Universidad de Chile