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Cartas
Domingo 23 de febrero de 2014
Universidades y lucro
Señor Director:
Desde el retorno a la democracia el año 1990 han pasado 24 años, cinco gobiernos y 12 ministros de educación con prácticamente el mismo ordenamiento jurídico institucional que orienta el desarrollo del sistema universitario en Chile. Y como es bien sabido, la ley sobre universidades, que data de 1981, no permite el lucro, es decir, el retiro de excedentes que se depositan en entidades comerciales fuera del giro universitario. Asimismo, la normativa legal sobre acreditación, del 2006, exige que las prestaciones de servicios desde entidades externas hacia las universidades se justifiquen en el marco del desarrollo del proyecto educativo y no sean un modo encubierto de transferencias financieras sin respaldo real.
En consecuencia, resulta encomiable la atención puesta por el rector Víctor Pérez en la última semana de que se investiguen las operaciones relacionadas de “Laureate International” y las universidades de su propiedad. Lo que llama mucho la atención y merece conocer la opinión pública es por qué no tuvo el mismo celo y firmeza en exigir en años anteriores y bajo otros gobiernos que se investigaran hechos similares. Además, y él lo sabe, las denuncias sobre dicho asunto que ha recibido el Mineduc del Consejo Nacional de Educación, la Comisión Nacional de Acreditación y el Ministerio Público y que está en proceso de revisión, en un contexto bastante precario para que el Ministerio tome decisiones y actúe, solo tienen semanas, no años.
Por ello, su reiterada insistencia en que la actual ministra no ha cumplido con su deber de investigar parece una pertinaz persecución que no se justifica, en circunstancias que —y eso es lo paradójico— ha sido precisamente este gobierno en los últimos dos años el que mayor interés y cuidado ha tenido desde 1990 para que las instituciones correspondientes operen y se hagan las reformas legales que modernicen el marco normativo institucional para las universidades chilenas.
Carlos Williamson B.