Señor Director:
En estos días,
varias cartas hacen referencia a mi posición respecto del embarazo de Belén, la niñita de 11 años que en estos momentos cursa un embarazo de alrededor de 15 semanas. Debo aclarar que mis argumentos no están influidos por las violaciones reiterada a esta pobre niñita ni por los castigos que merecen los responsables. El análisis de este caso se refiere, exclusivamente, a los severos riesgos de salud física y psicosocial que vive una niñita al tener un embarazo en sus cortos 11 años, y los riesgos para el feto al ser extraído a las 24 semanas, como parece ser la política propuesta por el Gobierno. Mis comentarios apuntan también a las responsabilidades que le cabe al Estado al haber sometido a esta menor al peligro que significa continuar con su embarazo y no haberle facilitado su interrupción; por cierto, en la medida en que esa fuera la voluntad de la familia, adecuadamente informada y educada.
En 37 años de ginecólogo, he tenido que interrumpir embarazos de 24 semanas (como lo propone el Gobierno para este caso), con el objetivo de salvar a la madre y a su bebé. La interrupción debe ser por cesárea, con una incisión de casi todo el útero, ya que por su fragilidad, la extracción del feto es bastante compleja y riesgosa. Es una cirugía de alto riesgo de hemorragia, que puede llegar al shock ; y existen, además, severos riesgos para el útero, con una elevada posibilidad de rotura en un nuevo embarazo y de secuelas irreparables que impidan una nueva gestación. Nunca he tratado a una niñita, pero no hay duda de que es más complejo y riesgoso que en mujeres maduras en edad reproductiva. Todo lo cual no puede menos que agravar las consecuencias psicológicas vividas. En relación al feto, a las 24 semanas, este pesa aproximadamente 700 gr. Con inmadurez en todos sus sistemas, y de ello deriva la mayor parte de las complicaciones de corto y largo plazo que con alta frecuencia experimentan los prematuros extremos en el caso de sobrevivir.
Caricaturizar este complejo desafío ético en términos de ser "pro aborto o contra el aborto", ser "pro vida o contra la vida", es un absurdo que impide enfrentar los dilemas bioéticos con independencia de las creencias particulares y fundamentando las decisiones según las evidencias y sus consecuencias.
En este caso, la magnitud del beneficio y la del riesgo ante cualquier intervención médica no afectan de manera proporcional a Belén y al feto que lleva dentro. Esto significa que para que Belén goce del mayor bien alcanzable, el embarazo debió haberse interrumpido recién diagnosticado; y para darle mayor posibilidad a que el feto se exprese como persona, el embarazo debe proseguir más allá de las 24 semanas propuestas por el Gobierno, con riesgos para la vida presente y futura de Belén. Cualquier decisión que se tome reportará beneficios para uno en desmedro del otro. De esto se deriva que lo primero que debe decidir la persona que efectúe una evaluación ética de este caso, es quién es el sujeto de derecho que debe ser protegido preferentemente. Mi opinión es que el sujeto de derecho principal es siempre la persona. En este caso, Belén. Sus tutores adecuadamente informados, junto a ella, debieran tener autonomía para decidir lo que estiman mejor para ella. Sin embargo, la ausencia del derecho a autonomía que rige en este país es lo que determina que una política pública que castiga la interrupción de un embarazo sea enjuiciada desde una perspectiva ética.
¿Cuál es el contexto mundial en que se da este caso?
Con excepción del Vaticano y Malta, existen solo cuatro estados en el mundo que legislan en contra de cualquier forma de interrupción del embarazo, aunque sea con fines terapéuticos; estos son Chile, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Todo el resto de las Américas, Europa, Asia, etcétera, privilegian a la mujer por sobre su embrión/feto cuando se pone en riesgo su vida y cuando el embarazo es consecuencia de violación. Chile, que por sus logros económicos se vanagloria de ser parte de los 34 países de la OCDE, en materia de derechos reproductivos, se aleja de todos ellos y se escuda bajo el alero de tres países centroamericanos, algunos de los cuales han sido severamente sancionados por atentar contra derechos humanos fundamentales.
La cuestión central de este drama no es la alternativa de la adopción como han mencionado algunos, o la aceptación de lo que otros soberbiamente interpretan como la voluntad de Dios. Aquí, lo central como sociedad y como país es si fueron protegidos los intereses de una niñita de solo 11 años, frágil y embarazada, carente de una madre protectora. En mi opinión, el Estado de Chile no cumplió con el papel protector al no tener como alternativa la interrupción del embarazo cuando estaba recién diagnosticado, de manera segura por vía vaginal. El tiempo ha pasado, y a estas alturas de la gestación, nadie que no conozca el caso en profundidad puede opinar sobre lo que es mejor para Belén. A estas alturas del embarazo, lo que se haga someterá a Belén a riesgos a los que nunca debió exponerse si este país tuviera una legislación que sin condicionamientos protegiera de manera preferencial a sus habitantes.
Dr. Fernando Zegers HochschildPrograma de Ética y Políticas Públicas en Reproducción Humana
Universidad Diego Portales